Referentes chaqueños de la fundación expusieron el crítico estado de las rutas de la región, el descontrol motovehicular y el apagón estadístico oficial. Las defensorías nucleadas en ADPRA asumirán la representación de los reclamos de infraestructura y fiscalización.
Frente al alarmante y sostenido incremento de víctimas fatales en siniestros de tránsito, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de derechos ciudadanos decidieron unificar sus estructuras. Referentes chaqueños de la Fundación Estrellas Amarillas participaron de una cumbre federal virtual con los miembros de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), con el objetivo de sellar una alianza institucional permanente que obligue al Estado a intervenir sobre las rutas nacionales.
Durante el encuentro de trabajo, la comitiva del Chaco trazó una dura radiografía sobre la desprotección que se vive en el norte argentino. En este sentido, expusieron el avanzado estado de deterioro de la infraestructura vial de las rutas nacionales que atraviesan la región, los elevados índices de siniestralidad, la compleja situación motovehicular de la zona urbana y periférica, y denunciaron una total ausencia de campañas de prevención y de contenidos de educación vial obligatoria.
Las tres demandas ante el «apagón oficial»
La presidenta de Estrellas Amarillas a nivel nacional, Silvia González, formalizó el pedido para que las Defensorías del Pueblo asuman de forma directa el patrocinio jurídico y la representación institucional de los ciudadanos ante la Nación por tres problemáticas críticas:
Falta de estadísticas: Denunciaron la preocupante ausencia de datos oficiales actualizados sobre siniestralidad desde el año 2023, lo que impide diseñar políticas de prevención eficientes basadas en la evidencia.
Abandono de infraestructura: El congelamiento de la obra pública dejó corredores federales paralizados, con baches profundos, falta de señalización y banquinas destrozadas.
Descontrol en el transporte: Alertaron sobre la reciente flexibilización en los controles de los transportes de carga pesada y de pasajeros de larga distancia.
Para revertir esta coyuntura, la alianza entre ADPRA y las ONG viales consensuó una hoja de ruta con cuatro ejes de aplicación inmediata:
Acciones judiciales: Se ejecutará un relevamiento federal sobre el estado de las calzadas y los pliegos de concesión para unificar demandas judiciales contra las empresas y organismos del Estado responsables de obras inconclusas.
Monitoreo georreferenciado: Impulsarán la creación de observatorios viales en los municipios utilizando tecnología de mapeo digital para identificar las esquinas y tramos de ruta con mayor concentración de choques.
Balanzas y multas severas: Exigirán la reactivación urgente de las balanzas fiscales para camiones en las rutas nacionales, la intensificación de test de alcoholemia nocturnos y la inhabilitación efectiva de las licencias de conducir a los infractores reincidentes.
Pedagogía joven: Diseñarán campañas masivas de concientización digital destinadas especialmente al cuidado de los jóvenes y los usuarios de motocicletas, el eslabón más vulnerable de la vía pública.
Las Defensorías del Pueblo locales comenzarán a recibir las denuncias de los vecinos por fallas en las rutas federales para canalizar los recursos de amparo, advirtiendo que la seguridad vial constituye un derecho humano fundamental vinculado directamente al derecho a la vida y a la integridad física.