El proyecto de Ley tiene por objetivo establecer la capacitación obligatoria para la prevención y detección temprana en contextos de vulneración de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, destinada a personas que se desempeñan en distintas áreas del Estado.
Según explicó la autora del proyecto, Andrea Charole, la iniciativa surge de “la necesidad de fortalecer el Sistema de Prevención y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en situaciones de vulneración de sus derechos, visibilizar y acrecentar los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño (CDN), La Ley 26.061 y la Ley Provincial 7.162” y tiene por finalidad crear conciencia “de la necesidad de trabajar de manera transversal entre la familia, la sociedad y el Estado, para garantizar el efectivo goce de los derechos consagrados en el ordenamiento legal”.
De sancionarse la ley, la capacitación incluiría una serie de contenidos mínimos entre los que se destaca además de la legislación vigente, lo referente al Sistema de Protección Integral de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, sus integrantes e implicancias; el Principio de corresponsabilidad, deber de comunicar y derecho de protección de identidad del denunciante; pautas de alarma específicas e inespecíficas de las distintas formas de violencia; protocolos, formas, procedimientos y canales para requerir intervención conjunta de instituciones públicas especializadas.
La autoridad de aplicación propuesta es la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio Desarrollo Social, con la tarea de coordinar con los poderes y entes del Estado provincial involucrados, la organización y el dictado de las capacitaciones; así como de elaborar el temario de las capacitaciones.
Además de las capacitaciones, la iniciativa prevé la realización de campañas semestrales de concientización sobre violencia y vulneración de derechos de Niños, Niñas, y Adolescentes, y establece que el Poder Ejecutivo en coordinación con el Poder Judicial realizara un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y de salud y demás organismos administrativos de niñez y autoridad judicial con competencia en familia.
Para la legisladora del bloque CER, la finalidad de este Protocolo es “establecer una nómina de indicadores de riesgos para distintos tipos de maltrato infantil, unificar criterios de actuación a nivel nacional, y realizar pautas de actuación en coordinación con los entes estatales de actuación provinciales que garanticen la trazabilidad de las denuncias y establecer mecanismos accesibles y apropiados para garantizar la igualdad de acceso al Niño, Niña y Adolescentes al servicio de la justicia”.