Por Eugenio Semino – Defensor de la Tercera Edad – Pte. de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG)
Habida cuenta de la devaluación realizada por el Ministro de Economía apenas tres días después de haber anunciado el último aumento a los jubilados, exigimos que se realice un reajuste de $100.000 para todas las jubilaciones, no solamente las mínimas, como así también para todas las pensiones no contributivas para personas con discapacidad del país.
En el caso de que no se realice dicho reajuste, el aumento anunciado hace dos semanas, y que empezará a implementarse a partir de septiembre, quedará anulado por la inflación incluso antes de ser cobrado por primera vez.
La suma referida debe incorporarse al haber a partir de septiembre, para compensar mínimamente la pérdida que éste irá teniendo frente a la creciente inflación de los próximos meses.
No es un bono lo que estamos pidiendo, sino un incremento del haber, porque un bono fijo, sea de la cifra que sea, está destinado a verse deteriorado por la inflación, además de quedar al arbitrio del Poder Ejecutivo el hecho de continuar otorgándolo o no.
Para comprender la gravedad de la situación es preciso tener en cuenta que la Canasta Básica de los Jubilados había arrojado poco más de $200.000 para el mes de abril de este año. Por lo cual, si se aplica la inflación acumulada hasta julio, las canasta está rondado los $250.000 al momento de escribir este artículo. Cifra que para el próximo trimestre, septiembre, octubre y noviembre, irá incrementando al ritmo ya imprevisible de la inflación.
Los jubilados ya se encuentran en una situación de pobreza y desesperación, si no se implementa alguna medida de este tipo será imposible que el sector pueda resistir la tormenta que se avecina.