Pese a la resistencia y amenaza de veto de Javier Milei, la oposición logró aprobar las iniciativas que establecen la emergencia en discapacidad, el aumento del bono jubilatorio. Además se logró el aval para revocar un veto de Milei sobre la emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca.
La Cámara Alta convirtió en ley este jueves el proyecto proveniente de la Cámara de Diputados que prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos con la actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.
La actualización de los haberes jubilatorios consiguió su aprobación por 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, en el marco de una sesión del Senado tan trascendente como adversa para el Poder Ejecutivo Nacional, cuyo titular ya anticipó que vetará esa decisión del Congreso.
La Libertad Avanza, el grueso del Pro y algunos legisladores provinciales decidieron ausentarse porque no reconocen la sesión.
En segunda instancia, también se sancionó la Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años extendiendo la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. Al igual que en la Cámara baja, la aprobación se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: Fueron 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.
Por unanimidad (56 votos positivos), la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive.
Entre sus principales puntos prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad; el fortalecimiento de los prestadores de la Ley 24.901, asegurando en forma expeditiva y simplificada el acceso a un régimen de emergencia de regularización de deudas tributarias, condonación de intereses, multas y demás sanciones, refinanciación de planes de pago vigentes y de las deudas emergentes de planes caducos.
También, la compensación arancelaria y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral; el financiamiento adecuado y sostenible del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad; la actualización de la asignación mensual estímulo de acuerdo al equivalente del porcentaje del salario mínimo, vital y móvil vigente y la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley 26.816).