La Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) manifestó sus “rechazo rotundamente” el proyecto de ley presentado por el diputado oficialista Francisco Romero Castelán que propone una “reubicación estratégica del personal público de la Provincia del Chaco”. Desde el gremio estatal denuncian que se trata de una iniciativa que viola abiertamente leyes vigentes y “sólo busca seguir imponiendo ideas injustificadas y persiguiendo a las y los trabajadores chaqueños”. “Esta situación se ve agravada por el hecho de que su autor preside la Comisión de Legislación del Trabajo”, apuntaron.
El polémico proyecto se titula “Ley para la Reubicación Estratégica del Personal Público en la Provincia del Chaco”. El mismo propone un plan integral para reubicar a los empleados estatales existentes y establecer una moratoria en las nuevas contrataciones. Para el autor del proyecto, la medida es indispensable para lograr una gestión pública más eficiente y responsable. Según el proyecto de ley, la reubicación del personal permitirá cubrir las necesidades de servicio en áreas críticas sin necesidad de nuevas incorporaciones, lo que a su vez generaría un ahorro significativo en el gasto público.
“Este proyecto intenta avasallar de plano el Estatuto del Empleado Público (Ley 292- A) en donde se garantiza la estabilidad en el puesto laboral y el derecho a la carrera administrativa dentro del Estado chaqueño”, explicó el secretario General de ATE, Isaac Chaparro. Asimismo, agregó que “si quiere trabajar sobre la eficiencia del Estado, tiene el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector estatal que fue reglamentado en 2023 y que el gobernador Leandro Zdero se encargó de ignorar y atacar desde que asumió su gestión, pese a que lo había apoyado cuando era diputado.”
Desde ATE Chaco señalaron que “no conforme con esta violación a las leyes vigentes, este grave proyecto de ley habla de realizar un trabajo “transparente y participativo”, siendo que la principal característica de esta gestión es cerrar por completo las vías de diálogo y dedicarse a atacar a las y los trabajadores por medio de sus representantes, que son los sindicatos”. En este sentido, recordaron que desde el 10 de diciembre de 2023, no se ha convocado a ninguna instancia de negociación para las condiciones laborales ni paritarias y, “muy por el contrario, se han dado ‘recomposiciones’ salariales totalmente insuficientes de manera unilateral y autoritaria, sin posibilidad de discusión alguna”.
Por otra parte, indicaron “el proyecto habla de evitar contrataciones, pese a que el Ejecutivo ya viene tomando una definición sobre qué hacer con este tema: los cientos y cientos de despidos que se vienen dando en distintos organismos, de los cuales son objeto trabajadores y trabajadoras que llevaban cumpliendo funciones, en algunos casos desde hace más de diez años”.
“En declaraciones en medios locales, hace muy poco este señor que representa a parte del electorado provincial expresó que “la sociedad chaqueña también tiene que mirarse en el espejo y decir nosotros somos de esta manera inviables”. ¿Qué podemos esperar de alguien que subestima de esa manera al pueblo chaqueño y a sus trabajadores? Si quiere hacer un Estado eficiente, el diputado Romero Castelán (quien además preside la Comisión de Legislación del Trabajo) debería impulsar la regularización laboral y el respeto a la carrera administrativa, por medio de concursos de cargos y recategorizaciones del personal que hace años está sometido al estancamiento de su carrera y a la condena de subrogar los cargos que deberían titularizarse”, concluyó el secretario General de ATE Chaco.
Algunos puntos que destaca el proyecto de ley de Francisco Romero Castelán son:
Creación de un registro único de empleados: Con el objetivo de tener un censo actualizado del personal del Estado, sus funciones y los sectores en los que se desempeñan.
Plan de reubicación: El proyecto establece un marco para trasladar a los trabajadores a aquellos sectores donde su labor sea más necesaria, priorizando la voluntad del empleado, pero sin descartar la posibilidad de traslados obligatorios en función de las necesidades del servicio.
Moratoria en contrataciones: La iniciativa propone una suspensión de la creación de nuevos cargos y de la incorporación de personal al Estado, salvo en casos de extrema necesidad y debidamente justificados.
La «Ley para la Reubicación Estratégica del Personal Público» ha sido recibida con opiniones encontradas. Mientras que desde el sector gubernamental se la considera una herramienta fundamental para ordenar las finanzas y mejorar los servicios, algunos gremios han manifestado su preocupación por la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de los empleados.
El proyecto de ley ya ha sido girado a las comisiones pertinentes de la Legislatura provincial para su análisis y debate. Se espera que, en las próximas semanas, se convoque a los distintos actores involucrados para consensuar una propuesta que beneficie tanto a la administración pública como a los ciudadanos.