La Federación de Entidades Profesionales Universitarias del Chaco (FEPUCH) manifestó su profunda preocupación por la prórroga de la intervención de la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía. En un documento unánime, el sector solicitó al Poder Ejecutivo Provincial la revisión del Decreto N.º 1568/26, argumentando que la conducción de este ente estratégico debe ajustarse de manera estricta a los requisitos profesionales que impone la Ley Provincial N.º 1118-P.
La postura fue ratificada el pasado 20 de agosto durante una sesión ampliada de la entidad. Allí, FEPUCH resolvió respaldar de forma unánime el reclamo que ya venía formulando el Consejo Profesional de Agrimensura del Chaco. La controversia surge a raíz del Decreto N.º 1568/26, mediante el cual el Ejecutivo prorrogó la intervención del organismo catastral, desplazó de sus funciones a la agrimensora Silvia Elizabeth Di Paolo y designó en su reemplazo al arquitecto Juan Ignacio Esteves.
Desde la federación universitaria aclararon de forma tajante que este pronunciamiento no representa un cuestionamiento a la capacidad profesional de los arquitectos ni a la idoneidad personal del nuevo funcionario. Por el contrario, aclararon que se trata de una preocupación de carácter estrictamente institucional y jurídico, centrada en el cumplimiento de las normativas vigentes que resguardan la seguridad territorial y patrimonial de todos los chaqueños.
En este sentido, FEPUCH recordó que el artículo 8 de la Ley Provincial de Catastro N.º 1118-P determina explícitamente que la Dirección Provincial de Catastro y Cartografía debe estar a cargo de un profesional habilitado para el ejercicio de la Agrimensura en la provincia. Es este perfil técnico el encargado legal de resolver las complejidades derivadas de la aplicación e interpretación de las normas catastrales.
Para dar sustento legal al reclamo, la entidad citó también el artículo 43 de la Ley Nacional de Educación Superior N.º 24.521. Dicha norma regula las profesiones cuyo ejercicio puede comprometer directamente los derechos, la seguridad y los bienes de los habitantes. Dentro de este marco se encuentra la Ingeniería en Agrimensura, disciplina que posee la exclusividad y competencia técnica para la determinación, verificación y certificación del estado parcelario, así como el diseño de los catastros territoriales.
La alarma del sector profesional se enciende debido a que el Decreto N.º 1568/26 no limita las tareas del interventor a una mera gestión administrativa interna. La normativa establece que el funcionario designado asumirá las “Responsabilidades Primarias y Acciones inherentes al cargo”, lo que traslada al arquitecto Esteves las responsabilidades administrativas, civiles y penales propias del director técnico del área. Bajo esta premisa, FEPUCH sostiene que una intervención de carácter político-administrativo no puede transformarse en una vía excepcional para eludir las exigencias que fija una ley provincial vigente. Por ello, consideran indispensable que el Poder Ejecutivo revise la compatibilidad legal de dicha designación.
Lejos de plantear el conflicto como una disputa corporativa o un enfrentamiento entre profesiones, la federación destacó el rol social y económico que cumple el Catastro. El organismo es el encargado de registrar la realidad territorial sobre la que se consolidan derechos reales, transacciones inmobiliarias y propiedades. Un error o una falta de idoneidad técnica en su conducción no solo afecta a los agrimensores, sino que impacta de manera directa en el trabajo diario de escribanos, abogados, corredores inmobiliarios y martilleros, dañando la seguridad jurídica de la ciudadanía en general.
Por último, FEPUCH reiteró su pedido al Poder Ejecutivo para que la conducción de la Dirección de Catastro se adecue a las exigencias técnicas de la Ley N.º 1118-P. Con este reclamo, la federación reafirma su compromiso con el respeto al marco normativo de la provincia, la defensa de las incumbencias de cada profesión y el fortalecimiento de las instituciones públicas del Chaco.