El gobernador Hugo Passalacqua firmó el Decreto 1935, que instruye a la Fiscalía de Estado a activar defensas judiciales urgentes ante lo que consideran una «absoluta desprotección legal y vulnerabilidad institucional» de la soberanía territorial.
En un movimiento político y judicial de fuerte impacto, el gobierno de la provincia de Misiones decidió llevar a los tribunales la defensa de sus fronteras y recursos naturales. A través del Decreto N° 1935, el mandatario provincial Hugo Passalacqua instruyó formalmente al Fiscal de Estado para que inicie acciones legales destinadas a frenar los efectos de la derogación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737), una medida originalmente dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el polémico DNU 70/2023.
La reacción de la tierra colorada se da en un momento bisagra. La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «C.E.C.I.M. La Plata c/ PEN s/ amparo ley 16.986» —que rechazó la legitimidad del Centro de Ex Combatientes de Malvinas para litigar contra el decreto— dejó sin efecto las medidas cautelares que mantenían suspendida la liberación del mercado inmobiliario rural. Con este fallo del máximo tribunal, el artículo 154 del DNU cobró inmediata vigencia, habilitando nuevamente la compra irrestricta de campos, bosques y fuentes de agua por parte de capitales extranjeros.
Alerta por el impacto socioeconómico y de seguridad
Los considerandos del decreto misionero exponen una profunda preocupación por las consecuencias de dejar el territorio sin regulaciones de extranjerización. El documento advierte que la plena vigencia del DNU de Javier Milei «impacta de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la Provincia».
Misiones, una provincia que comparte más del 90% de sus fronteras con Paraguay y Brasil, posee una sensibilidad geopolítica única en el país. En ese sentido, el texto oficial recalca que la falta de topes a los compradores internacionales «lesiona de forma directa la integridad territorial, el control de los recursos naturales y cuestiones de seguridad provincial y municipal».
El mandato a la Fiscalía de Estado
El artículo 1° de la normativa, refrendado también por el Ministro de Coordinación General de Gabinete, Carlos Sebastián Sartori, ordena a la Fiscalía provincial activar los mecanismos procesales correspondientes «en las oportunidades y por las vías que resulten técnicamente más oportunas». El objetivo explícito es salvaguardar los intereses estratégicos del Estado misionero ante la virtual desaparición del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Con esta decisión, Misiones se posiciona en la primera línea de resistencia jurídica de las provincias frente a las reformas estructurales del Gobierno nacional. El Ejecutivo provincial busca sentar un precedente para blindar sus recursos e impedir que la desregulación económica altere la fisonomía productiva, el arraigo de los colonos y la preservación ambiental de una región clave para el ecosistema de la región.