Ariel Lovey envió frazadas y mercaderías a la comisaría destinadas a las personas privadas de su libertad. Vecinos cuestionaron la acción, argumentando que esos bienes debieran destinarse a familias en situación de vulnerabilidad. Por su parte, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco destacó la actitud del funcionario por involucrarse en la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas.
El Subsecretario de Desarrollo Social, Ramón Ortielli y el secretario del Intendente, Miguel Muñoz fueron los encargados de entregar, en nombre de Lovey, 12 frazadas y bolsas de mercadería destinadas a las personas privadas de su libertad alojadas en comisaría de la localidad.
“Hace varios días me habían solicitado la colaboración con estos elementos; personalmente fui a mirar cómo estaban y es un desastre: permanecen hacinados, sin colchones ni abrigos, algunos ni siquiera tienen para comer porque son de otras localidades”, explicó Lovey a Norte.
La acción del mandatario de Quitilipi generó el repudio de muchos vecinos de la localidad, quienes recordaron marchas y hechos de inseguridad sufridos recientemente. Otros tantos, le cuestionaron brindar beneficios a los delincuentes en lugar de la gente honesta. En tanto, hubo quienes le reprocharon la falta de inversión en infraestructura y hasta no destinar esos bienes a hospitales o familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
Sobre las críticas, el intendente aseguró comprender “que la sociedad está muy sensible, pero no entiendo la reacción de la gente; no sé los motivos por los que estas personas están privadas de su libertad, pero por más que hayan cometido delitos, mi deber como intendente es mirar también por ellos, para que puedan estar en condiciones no tan vulnerables en la cárcel; creo que no estoy haciendo ningún daño con esto”.
“Como Comité valoramos este tipo de actitudes por parte de las autoridades municipales de la provincia que se involucran en la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas, a pesar de que no sea necesariamente su jurisdicción”, manifestaron desde el Comité para la Prevención de la Tortura provincial.
Desde el organismo de Derechos Humanos consideraron “que las críticas vertidas en redes sociales por parte de un sector de la sociedad a una actitud humanitaria como la que tuvo la comuna de Quitilipi forma parte de un pensamiento contrario al de a una sociedad civilizada y solidaria”.
“Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas establecen que la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad implica que se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad”, concluyeron.