En 2010 (último censo) el déficit en materia de viviendas en Argentina alcanzaba a 3.024.954 de hogares, el 25 % de los hogares del país. De quienes necesitaban una vivienda, el 48 % habitaba una vivienda recuperable, el 15 % habitaba una vivienda irrecuperable y el 38 % restante padecía hacinamiento de hogar. Así se expone en una publicación de la UNNE que analiza la política habitacional del país en perspectiva histórica.
Desde hace casi cincuenta años, la política habitacional argentina se encuentra atravesada por una tensión entre las concepciones de la vivienda social como derecho social y como bien de acceso por el mercado, sin que se lograra reducir el déficit estructural cercano a tres millones de viviendas que se mantiene desde hace varias décadas. Así se expone en una publicación de la UNNE que analiza la política habitacional del país en perspectiva histórica.
En 2010 (último censo) el déficit en materia de viviendas en Argentina alcanzaba a 3.024.954 de hogares, el 25 % de los hogares del país. De quienes necesitaban una vivienda, el 48 % habitaba una vivienda recuperable, el 15 % habitaba una vivienda irrecuperable y el 38 % restante padecía hacinamiento de hogar.
En tanto, más de 5.000.000 de personas viven actualmente en 4.416 barrios populares, fruto de urbanizaciones informales, según estimaciones oficiales.
Así se configura el déficit habitacional en Argentina, que, según la medición tradicional realizada a partir de los Censos Nacionales de Hogares, Población y Vivienda, en 60 años solo ha mejorado en términos relativos (porcentuales), manteniéndose bastante estable en términos absolutos en torno a los tres millones de viviendas.
Ante el mencionado escenario de un déficit estructural en materia habitacional, una publicación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, reflexionó sobre los cambios, vaivenes y restricciones estructurales de la política habitacional en Argentina.
Se destaca que la producción habitacional (pública y privada) alcanzó a absorber y en algunos períodos intercensales a disminuir levemente el crecimiento del déficit asociado al incremento de la población, pero no a reducirlo estructuralmente.
“La política habitacional argentina en perspectiva histórica: entre las buenas intenciones y las restricciones estructurales” se denomina el artículo a cargo del Dr. Miguel Ángel Barreto, Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE (FAU) e investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Territorial y del Hábitat Humano (“IIDTHH”, CONICET-UNNE).
La mencionada publicación plantea los desafíos estructurales que quedan por delante para subsanar la profunda crisis habitacional que padece el país.
REALIDAD EN AMÉRICA LATINA
En el escrito, se expone que el problema del déficit habitacional es una realidad en toda América Latina, pues las características históricas del desarrollo periférico o subordinado de esta región llevó a que un sector de la población quedase al margen de las relaciones laborales formalmente reguladas por el Estado y por ende no alcanzase a ser cubierto por los servicios sociales y de producción de la urbanización asociados a ellas.
Este sector informal resolvió siempre sus necesidades habitacionales a través del autosuministro, mediante la producción o adquisición de viviendas inadecuadas en asentamientos precarios, en el marco de relaciones de producción premercantiles o mercantiles simples.
Y si bien en algunos países de América Latina (como México, Brasil, Argentina) el Estado ha alcanzado a desarrollar una intervención importante en el campo de la producción habitacional en el marco de las políticas sociales y urbanas, nunca pudo dar una cobertura integral a este sector; por esta razón los países de la región presentan un alto índice de déficit habitacional y urbano.
VAIVENES EN ARGENTINA
En el caso de Argentina, desde mediados de los años setenta, el Estado argentino cuenta con un sistema de provisión pública de vivienda social estructurado en torno al FONAVI, el cual dispone de financiamiento y una organización institucional por ley.
Pero el FONAVI experimentó periódicas transformaciones y momentos de crisis relacionados con los vaivenes de los cambios de orientaciones políticas de los gobiernos, que han venido debilitando el funcionamiento del mismo, haciendo surgir nuevos programas y acciones por fuera de su organización administrativa, tendientes a orientar la política habitacional según este accionar pendular de los sucesivos gobiernos.
Este vaivén tiene como trasfondo una tensión constante entre dos concepciones en pugna sobre la vivienda social: como derecho social (de acceso desmercantilizado) o como bien mercantil (de acceso bajo las reglas del mercado).
Los distintos periodos que se sucedieron desde entonces se han caracterizado por implementar políticas en uno u otro sentido y han afectado a este sistema, aunque no siempre fueron ideológicamente puras y siempre primaron mixturas importantes, condicionadas por las distintas fuentes de financiamiento y las disputas internas entre los diferentes actores que predominaron en cada gobierno y durante cada etapa analizada.
Para ejemplificar, se puede recordar que tras un fuerte proceso de intervención estatal en la producción de soluciones habitacionales en el gobierno del kirchnerismo, entre 2015 y 2019 con el gobierno del presidente Mauricio Macri se volvió una visión mercantilistas del acceso a la vivienda, mientras que el gobierno actual del Frente de Todos promueve nuevamente una política habitacional más centrada en los derechos sociales, con variedad de enfoques en la conceptualización y abordaje de la problemática y una mayor jerarquización de la función en la estructura del gobierno.
“La mercantilización de la producción y del acceso a la vivienda social es reafirmada nuevamente en esta nueva etapa del Gobierno, pero mientras tanto, el déficit habitacional en términos absolutos, que afecta a cerca de un tercio de la población en la actualidad, según como se le mida, continúa con mínimas variaciones desde hace varias décadas y sigue aguardando una solución definitiva” expone el Dr. Barreto.
Agregó que en términos generales la política habitacional del Frente de Todos presenta aspectos muy favorables desde una perspectiva de derechos sociales, para el acceso a la vivienda y a territorios más inclusivos.
Pero los obstáculos a la misma están hoy más en las cuestiones contextuales que en la orientación y los enfoques de la política habitacional, según se considera.
Así, se menciona el contexto político-económico internacional, el endeudamiento interno del gobierno nacional, la imposibilidad de acceso a créditos para dinamizar la economía, la irrupción de una oposición política y mediática y las disputas internas por diferencias políticas del Frente de Todos como “condicionantes” a un mayor despliegue de esta política habitacional, que se presenta interesante, frente a una magnitud del déficit habitacional que palidece su alcance.
“De superarse estos obstáculos, se podrían generar mejores condiciones para su desarrollo e impacto en el territorio” se concluye.