Por Luis Rodrigo Maidana Ladu – Abogado
Actualmente existe un nomenclador en donde se especifican las prestaciones establecidas por la Ley 24.901, así como el arancel que le corresponde a cada una y que los diversos entes que dan cobertura (obras sociales, prepagas, Pami, Incluir Salud) están obligados a pagar en su totalidad con sus propios recursos económicos y cuyo monto se debería ir actualizando según la inflación y los sueldos que establecen los sindicatos.
El organismo responsable de esta tarea es el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad que está conformado por representantes del Pami, de la ANDIS, de Incluir Salud, de la Superintendencia de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT); así como por dos representantes de los prestadores y del Consejo Federal de Discapacidad.
En el proyecto de decreto se establece que cada organismo público nacional financiador del Sistema de Prestaciones fije por su cuenta los aranceles para cada prestación, o sea que el Directorio, que tiene esta obligación por el Decreto 1193/98, no se ocuparía en adelante de esta tarea y así dejaría de escucharse, por lo menos, el parecer de quienes brindan estas prestaciones y que deben cumplir con exigencias edilicias y de recursos humanos para ser aceptados como prestadores del
Sistema.
En ese sentido, dejar en manos de los organismos financiadores del Sistema la estipulación del arancel que ellos luego van pagar, va a generar la ruptura de un logro fundamental: que las personas con discapacidad sean atendidas en los servicios categorizados por el Estado o por profesionales inscriptos en la Superintendencia de Servicios de Salud sin importar su situación económica, mientras cuenten con el certificado único de discapacidad (CUD) y una cobertura.
Ahora ¿cómo confiar que los financiadores van a hacer algo distinto a lo que están haciendo actualmente?
Es que, existe un “atraso arancelario” del 100% para los servicios de transporte y de un 45% para el resto de las prestaciones sólo para ponerse a la altura de los aumentos que se han generado desde diciembre de 2023.
Si hoy los efectores no reconocen los reales costos teniendo que ir a una votación (en el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad) donde en minoría están los prestadores, se hace muy difícil de pensar que van a poner aranceles acordes, así como que quienes a regañadientes han atendido a las personas con discapacidad van a jugar a favor de esto.
Estamos próximos al cierre defiinitivo de la ANDIS y, por ende, de Incluir Salud. Por esta causa, marchamos el 24/05