Por el Cr. Livio T. Fernández – Sec. Gral Policías Autoconvocados por un Salario Justo – FREPPACH
La forma representativa republicana federal de gobierno adoptada por la Nación Argentina instituyó la autonomía de las provincias para ejercer un poder propio e ilimitado para decidir entre otras materias cuánto dinero destinarán a las políticas públicas, entre ellas la de seguridad.
Las 23 provincias más CABA destinan en promedio aproximadamente el 10% del gasto total a seguridad. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) publicado en 2014, entre las jurisdicciones que destinan mayor proporción de fondos a seguridad figuran Córdoba (12,5%); Buenos Aires (12,3%) y Santa Fe (10,7%). En el otro extremo se encuentran Santiago del Estero (5,3%) y Chaco (5,7%).
Desde la restauración de la democracia en 1983, Chaco destinaba entre el 8 y el 10% aproximadamente en la finalidad seguridad. Pero la participación en el gasto total cayó al 5% aproximadamente hacia fines de los 90´, permaneciendo en este nivel de inversión hasta la actualidad.
El ajuste del gasto en seguridad se ejecutó progresivamente a través de medidas tales como: la disminución de las partidas de gastos en personal con restricciones en la incorporación de personal, el congelamiento y la caída del salario real, la suspensión de ascensos y el achatamiento de la escala salarial.
Y también se produjo un brutal ajuste en las partidas de bienes de capital destinados a la adquisición de bienes de uso en general como ser la reposición anual de la flota automotor, obras edilicias, maquinarias y equipamiento, con la asignación de montos anuales de inversión simbólicos.
A partir del 2008 el ex gobernador Capitanich continuó con el proceso de desinversión en seguridad pública. Minimizó la inversión en obras edilicias, equipamiento y flota automotor policial, y prácticamente cerró la escuela de policía en los últimos cuatro años. A esto, se sumó una política salarial de imposición de sumas en negro y achatamiento de la pirámide salarial a nivel del salario de bolsillo.
Préstamo para inversión en seguridad demora obras urgentes
Como parte de su estrategia de desinversión en seguridad, Capitanich inició en 2021 gestiones para la toma de un préstamo a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de 15 millones de dólares destinado el financiamiento del 59% del “Programa de Inversión Social en Seguridad Ciudadana” más la contrapartida con recursos propios por el 41% restante del Programa.
El demorado préstamo internacional le permitió al ex gobernador postergar inversiones urgentes, como por ejemplo la construcción de módulos penitenciarios para procesados y condenados privados de libertad, ante el colapso de los centros de detención de las comisarías y de los establecimientos penitenciarios de toda la provincia.
Ganó tiempo para diferir inversiones que evidentemente no quería realizar en seguridad, cuando podía financiar perfectamente esas obras con recursos de origen nacional y propio.
Recursos que, con un crecimiento a valores reales en los últimos años, permitieron ejecutar un plan de obras públicas faraónico por decenas de miles de millones de pesos. Los fondos fueron destinados a obras de las más variadas en educación, salud, deportes, cultura, infraestructura urbana, viviendas, distribución eléctrica, red de fibra óptica, rutas, pavimento urbano, registros civiles, agua potable y obras de saneamiento, entre otras. Menos en obras para seguridad pública.
Además, si en vez de pedir un préstamo que finalmente no se concretó, hubiera ejecutado las obras más urgentes en seguridad con recursos propios, ya estarían finalizadas y en funcionamiento, y la provincia evitaría condiciones leoninas del mutuo con el BCIE por un monto de 1.685.500 dólares de los componentes 3, 4 y 5 del Programa de Inversión.
El actual gobierno anunció recientemente que continuará con la gestión del préstamo iniciado por Capitanich ante el BCIE, cuyo avance sigue siendo muy lento y supeditado a las decisiones de la entidad financiera internacional y a la aprobación de la garantía del gobierno nacional.
Presupuesto inconsistente con la supuesta prioridad en seguridad
Mientras tanto, durante este año se postergarían nuevamente inversiones urgentes como los módulos penitenciarios, y se prevé un bajo nivel de inversión en materia de seguridad.
Al examinar el anexo de la Ley N° 3968-F de Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio 2024, el presupuesto de la Jurisdicción 21 Policía Provincial prevé erogaciones corrientes y de capital por 92.746 millones de pesos aproximadamente, equivalente al 5,77% del gasto total.
En la planilla desagregada por objeto del gasto de la Jurisdicción 21, la partida de Personal representa aproximadamente el 90% del total de las erogaciones por un monto de 82.791 millones de pesos, mientras que la partida Bienes y Servicios no Personales tiene asignado el 8% por 7.645 millones de pesos aproximadamente, y la partida Inversión Real – Bienes de Uso representa solo el 2% del total de erogaciones por un monto de 2.310 millones de pesos.
Las sumas irrisorias para gastos de funcionamiento e inversiones de capital en el presupuesto 2024 de la Policía Provincial, que antes de comenzar su ejecución ya fueron licuadas por la alta inflación, son una muestra muy clara del bajo compromiso con la seguridad pública.