Tras el encuentro del fin de semana, el ejecutivo nacional busca avanzar con el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, una iniciativa que ingresó por el Senado. Mientras la Ley de Emergencia por Discapacidad sigue sin aplicarse, buscan modificar algunos puntos clave.
De esta forma, se buscan modificaciones sustanciales en cuanto al sistema en general. Por un lado se impulsa un reempadronamiento de los beneficiarios de las pensiones por invalidez laboral. A la vez, el texto establece la incompatibilidad de la pensión con cualquier vínculo laboral formal, siendo que actualmente en la Argentina, la Pensión No Contributiva por Invalidez de ANSES es una prestación para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, compatible con trabajo formal.
¿Cuál es el argumento? Aquí el ejecutivo pone el foco en la evolución del sistema de pensiones por invalidez: entre 2003 y 2023, la cantidad de beneficios pasó de 76.000 a alrededor de 1.200.000, un crecimiento que el Ejecutivo califica de “exponencial” y que, según afirma, no tiene antecedentes comparables a nivel internacional.
En la propuesta se ratifica que la pensión por discapacidad consiste en una prestación mensual equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, (hoy equivalente a $ 275.221), y pero elimina la facultad que otorgaba al Poder Ejecutivo aumentar en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.
Ahora, el Gobierno también abre la posibilidad de suscribir convenios con las provincias y con la Ciudad para que cada distrito organice el programa, en sus respectivas jurisdicciones, contemplando el financiamiento adecuado respecto de los afiliados.
Por su parte, desde el Foro Permanente Discapacidad que reúne a muchas organizaciones de y para personas con discapacidad, rechazaron esta iniciativa de plano señalando que con se instala una mirada estigmatizante y desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural del sistema.
Mientras se pone en duda el acceso a derechos, el sector atraviesa:
• Atraso arancelario
• Pagos irregulares
• Deudas acumuladas
• Prestaciones en riesgo
“Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”, indicaron.
Ante este escenario, estas organizaciones convocaron a una nueva marcha este miércoles desde las 11 frente al Ministerio de Salud de la Nación, en Buenos Aires.