Por Karina Winckler – Referente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial – FICVI
Hablar de la situación vial en la provincia del Chaco no es solo discutir sobre el deterioro estructural de nuestras rutas o el caos de circulación en las calles de Resistencia. Es, fundamentalmente, ponerle nombre al dolor cotidiano de familias que quedan devastadas y a la asfixia silenciosa de nuestro sistema de salud pública.
Las cifras recientes publicadas en un medio periodístico de la provincia, Diario Norte, en el que, el mismo «director de Emergencias Médicas del Chaco, el doctor Nicolás Ivancovich, advirtió sobre el colapso que sufren los servicios de emergencia debido a colisiones totalmente evitables en las calles» nos enfrentan a una realidad contundente: el 96% de los siniestros viales en el Chaco involucra a motocicletas, concentrando picos de demanda extrema en los servicios de urgencia hospitalaria. Sin embargo, detrás de ese porcentaje no hay meros números ni frías estadísticas. Hay personas, trabajadores, estudiantes, niños, madres y padres de familia, que utilizan la moto como su único medio para ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela, asistir a una consulta médica o hacer las compras del día a día.
Hablar de movilidad en motovehículo en nuestra provincia es hablar de la cotidianidad de miles de chaqueños para quienes la moto es una necesidad de traslado vital en medio de un sistema de transporte público que no alcanza a dar respuestas, deficiente y caro para el bolsillo de cualquier familia en la actual realidad económica.
La situación vial, el estado de la movilidad en la provincia, y, especialmente la motovehicular, es un problema social que no está siendo abordado con la integridad y profundidad que demanda.
No solo mueren personas en el tránsito, sino que las personas se lesionan en el tránsito afectando considerablemente el sistema de salud. Un sistema de salud cuyos responsables máximos están alzando la voz y es urgente e importante escucharlos. La directora del hospital Perrando, la directora del hospital 4 de junio, el director de emergencias médicas, todos coinciden en la gravedad.
Esas personas lesionadas, no solo colapsan el sistema de salud, sino, que afectan la economía, el presentismo y prestación laboral y escolar, su calidad de vida que se ve considerablemente alterada, entre tanto más. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) vienen advirtiéndolo de manera tajante: que los siniestros de tránsito no son «accidentes» fortuitos, sino una auténtica epidemia silenciosa y un problema crítico de salud pública. Provocan muertes prematuras en etapas productivas de la vida, generan secuelas físicas y psicológicas permanentes y tensionan hasta el límite los recursos hospitalarios.
La violencia vial es una crisis prevenible; tratarla como un mero inconveniente de tránsito o como una simple oportunidad de recaudación municipal es un error conceptual que seguimos pagando con vidas y con el presupuesto de todos.
Se cae, muchas veces en la urgencia de solicitar declaración de emergencia vial, y cuando se solicita la declaración de emergencia vial, el debate técnico suele concentrarse en presupuestos o parches coyunturales. Sin embargo, la verdadera dimensión de esta crisis se mide diariamente en las guardias médicas y en la operatividad de los servicios prehospitalarios. Fracturas graves que demandan entre 5 y 7 días de internación quirúrgica, cirugías complejas y uso intensivo de prótesis terminan colapsando la atención en las horas pico. Cerca del 90% de los recursos prehospitalarios —ambulancias, insumos y personal capacitado— se destina a atender hechos que eran 100% evitables. Las declaraciones de emergencia son un parche más que ya dio muestras que tampoco soluciona el problema.
Desde la física y la movilidad sustentable, la vulnerabilidad de quienes transitan en dos ruedas es innegable. Pero detrás de la urgencia médica hay un costo humano e institucional insostenible. Cada ambulancia o cama de guardia atrapada en el triage de una colisión por falta de casco, exceso de velocidad o falta de fiscalización es un recurso menos para asistir a tiempo un infarto, un ACV o una urgencia médica no prevenible. La violencia vial devora los recursos de la salud pública, desplazando la atención de otras patologías críticas de la ciudadanía.
Esta urgencia local se da en un contexto regional decisivo. Recientemente, desde la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI), junto a Fundación MAPFRE y OISEVI, presentamos la iniciativa «Recuperando la esperanza: Nueva Narrativa e Índice Iberoamericano de Movilidad Segura (IIMS)». Este índice —inspirado en el marco del Desarrollo Humano— propone evaluar y monitorear periódicamente las políticas públicas, la calidad de la infraestructura y el control institucional. La evidencia es incontrastable: mientras que las naciones que asumen la seguridad vial con firmeza técnica y voluntad política —imponiendo tolerancias cero reales, fiscalización continua, inspección técnica rigurosa y un diseño vial perdonador— logran descensos drásticos en sus tasas de mortalidad, en Chaco seguimos discutiendo lo elemental.
Es urgente e importante, atender de manera integral la realidad vial en el Chaco. No basta gloriarnos de que se disminuyó un 23% las muertes en el tránsito cuando no solo siguen muriendo personas, sino que no contamos con estadísticas oficiales sobre las lesiones. Argentina fue el único país que no presentó estadísticas de lesionados en la última asamblea de la OISEVI en Madrid, poniendo como argumento la falta de coordinación de datos con las respectivas jurisdicciones. Sin estos datos, ¿cómo se aborda la problemática?
La movilidad en Chaco, no puede ser un acto administrativo para salir del paso ni una consigna parlamentaria o municipal vacía. Exige superar la lógica del control con fines recaudatorios y consolidar políticas públicas concretas para proteger a quienes habitan y transitan nuestras calles: desde Infraestructura segura: que rediseñen la vía pública priorizando a los usuarios vulnerables y corrigiendo los puntos negros que se cobran vidas a diario. El control y fiscalización efectiva con enfoque preventivo: que rompa con la impunidad y la mera recaudación, impulsando controles sistemáticos, sostenidos e innegociables del uso del casco, límites de velocidad y alcoholemia. La fiscalización del parque vehicular e inspección: que garantice que los vehículos que circulan cumplan con los estándares básicos de seguridad técnica. Y lo que no se quiere abordar: la educación y cambio cultural: que se entienda que el espacio público se comparte, no se conquista, y que la prudencia y el respeto a las normas son formas de cuidado mutuo y empatía social. ¿Qué pasa que Chaco no quiere abordar la problemática vial desde la Educación? ¿Por qué la resistencia en dar cumplimiento a la Ley Nacional de Tránsito y las leyes vigentes al respecto?
Tenemos escuelitas viales en nuestra policía caminera, en algunos municipios, y está bien, pero estas no debieran suplantar, sino, complementar la educación obligatoria en todos los niveles y modalidades.
Siempre que se habla de siniestralidad vial, se habla de números. Esos números no son objetos ni cosas extraordinarias, son personas, de todas las edades, de todas las realidades sociales, de cualquier nivel académico, etcétera. Una siniestralidad vial que deja duros números, pero no nos detenemos a analizar que es absolutamente evitable, los expertos y líderes del mundo lo gritan cada vez más fuerte. Seguimos enfocados en la seguridad vial y no hablamos de una movilidad segura libre de violencias. Violencias que no solo se traduce en acciones entre usuarios, sino también, esa otra violencia de una infraestructura altamente deficiente, riesgosa, para nada perdonadora ante el error humano, por lo tanto, alejada del sistema seguro por el que se está bregando.
Cuando se revisan leyes, solo se enfocan en lo punitivo y en cuestiones que rozan lo educativo sin nada profundo, solo para la urgencia, parches que tampoco se miden en resultados. ¿Cuáles son los indicadores sobre los que se toman decisiones en Chaco? ¿Cuáles son esas decisiones y qué tan orientadas están para garantizarnos una movilidad segura? Transitar nuestras rutas o nuestras calles, sigue siendo, y cada vez más, un acto de sobrevivencia diaria, donde salimos sin la certeza de volver o de volver sanos. ¿Se disminuyeron las muertes en el tránsito en Chaco? Y, según los números que publicó el Observatorio Nacional de la Agencia Nacional de Seguridad vial, se disminuyó un 23 %, según los datos que envía la jurisdicción, pero ¿cómo se tomaron esos datos, se respeta la metodología de recolección? ¿Cómo los leemos? Ni hablar de la asistencia a las víctimas de tránsito, en una provincia que fue pionera en tener una ley provincial de crear un plan de difusión y capacitación sobre la Línea 149 opción 2, ley provincial 3871C, sobre la que nadie responde respecto de su estado. Esta línea de asistencia depende de la ANSV, y no le demanda gasto alguno a la provincia, pero no se ve la difusión, excepto cuando se insiste y pareciera que las decisiones son para «complacer momentáneamente» a quienes insistimos en eso.
Hoy, vemos o escuchamos sobre su difusión, solo en los medios que tienen la voluntad y el compromiso para difundirlo sin que se lo tengamos que estar pidiendo o recordando. En el Chaco también se pintan hace tiempo Estrellas Amarillas, no por todos los fallecidos en el tránsito porque es una decisión familiar, pero, no pintarlas, no significa que no haya muertos.
Cada estrella amarilla pintada en el asfalto chaqueño no representa una fatalidad del destino; es el testimonio de una falla sistémica que pudimos y debimos haber evitado. Sanar el sistema de salud de nuestra provincia requiere, indefectiblemente, dejar de desangrarnos en las calles. Atender la realidad vial debe ser el punto de partida para una política de Estado seria, meditada y profundamente humana, donde cuidar la vida de cada vecino en la vía pública sea la prioridad irrenunciable de todos.
Como sociedad, tenemos también responsabilidad, no debemos eludirlas, ninguno estamos exentos y debemos, además de tener una actitud más responsable en el tránsito, debemos también ser más empáticos, ejercitar nuestra pedagogía del cuidado y comprender que la vía es un espacio público de convivencia y que esta debe ser armónica y despojada de toda violencia, porque ignorar ello nos cuesta vidas, incluso la propia.