El proyecto de ley enviado al Congreso prevé una partida global de $7,3 billones para las casas de altos estudios. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advierte que se necesitan $11 billones para evitar la parálisis del sistema y denunció un faltante de $4 billones en medio de un fuerte litigio judicial.
La discusión por el financiamiento de la educación superior en la Argentina ingresó en una nueva etapa de máxima tensión política y judicial tras la presentación formal del proyecto de Ley de Presupuesto 2027. De acuerdo con el texto elaborado por el Poder Ejecutivo nacional, la administración central asignó una partida global de $7,3 billones destinados a las universidades públicas para el próximo ciclo lectivo. La cifra se ubica un 33,6% por debajo de los $11 billones exigidos de forma unánime por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar la apertura de las aulas, el desarrollo científico y el sostenimiento salarial.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, expuso la preocupación del sector ante diputados y senadores. “Si el Gobierno proyectara su cumplimiento con la ley vigente, debería haber presupuestado $9,8 billones. Llegamos a $11 billones con actualizaciones urgentes de otras áreas”, sentenció el directivo, remarcando que el cálculo contempla que los salarios docentes y nodocentes absorben el 90% de los recursos, quedando el resto asignado a infraestructura, becas y el funcionamiento de los hospitales universitarios.
La defensa técnica de la Casa Rosada
Desde los despachos del Poder Ejecutivo cuestionaron las planillas presentadas por los rectores y ratificaron la validez de sus propias proyecciones macroeconómicas. Fuentes oficiales del Palacio de Hacienda afirmaron que los $7,3 billones asignados no implican un congelamiento, sino que se estructuraron bajo los siguientes parámetros técnicos:
Pauta inflacionaria: Indexación calculada en base a la inflación oficial proyectada del 18% para el año 2027.
Gastos operativos: Inclusión de un incremento neto del 20% específico para gastos de funcionamiento ordinarios.
Garantía judicial: El ítem denominado “refuerzo fortalecimiento de recursos humanos” ya contempla el impacto financiero de las medidas cautelares vigentes.
La grieta salarial se dirime en los tribunales
A la par del debate parlamentario que se avecina en el Congreso de la Nación, el conflicto mantiene un frente crítico abierto en los tribunales federales. Las casas de altos estudios sostienen que el Estado nacional arrastra una deuda en la recomposición salarial del 31,2% para el personal de los diferentes fueros académicos.
En la vereda judicial, el juez contencioso administrativo federal Martín Cormick dictó una medida cautelar que ordenó al Ejecutivo cumplir de forma estricta con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Recientemente, el magistrado rechazó un pedido formal del Gobierno para levantar dicha restricción, obligando a la administración libertaria a sostener las transferencias salariales mínimas. Mientras el oficialismo asegura que los aumentos otorgados mes a mes se encuentran perfectamente alineados con el fallo judicial, la comunidad educativa advierte que el desfinanciamiento sistemático afectará la calidad de las carreras y acrecentará el éxodo de profesionales y científicos hacia el sector privado o el exterior.
Fuente: Con información de clarin.com