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La soberanía de las Islas Malvinas volvió a encender el debate internacional en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El presidente argentino, Javier Milei, lanzó una dura crítica contra el rol de la ONU y exigió al gobierno británico retomar las negociaciones de soberanía. Pocas horas después, el Reino Unido emitió un comunicado oficial ratificando su postura histórica y cuestionando la actitud de la administración argentina.

 El reclamo de Milei: críticas a la ONU y denuncia por el petróleo

Durante su discurso del 23 de septiembre de 2026, el mandatario argentino calificó a las Malvinas como una «causa nacional» y acusó al organismo de «mirar para otro lado» frente a la disputa territorial. Milei apuntó contra la ineficacia de las resoluciones internacionales, haciendo hincapié en la resolución 3149 aprobada hace 50 años, la cual insta a las partes a no introducir modificaciones unilaterales.

En este sentido, el presidente denunció el avance del proyecto Sea Lion, una iniciativa británica para la extracción de petróleo en la Cuenca Malvina Norte.

A la vez, Milei calificó estas licencias como «ilegales e ilegítimas». Además, argumentó que el principio de autodeterminación no aplica en este caso debido a que se trata de una «población implantada».

«Se convirtió en una organización inútil que sólo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bienintencionados», sentenció el mandatario argentino.

 La respuesta británica

Por su parte, el Reino Unido ratificó su soberanía sobre las islas amparándose en el derecho de autodeterminación de los isleños y en el referéndum de 2013. Respecto a los recursos naturales, defendieron los proyectos hidrocarburíferos como una actividad legítima bajo sus propias leyes y la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.

Este cruce demuestra que la brecha diplomática se mantiene inalterable: mientras Argentina endurece su postura frente a la pasividad de los organismos internacionales, Londres prioriza la voluntad de los habitantes locales y la explotación comercial en el Atlántico Sur.

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