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El peronismo acusa al Ejecutivo de comprometer presupuestos futuros sin aval legislativo y asegura que la deuda en dólares creció un 55%. Desde el oficialismo replicaron que se trató de una reestructuración legal avalada por la Contaduría y la Fiscalía de Estado para garantizar salarios y evitar el default.

La administración de los pasivos públicos de la provincia del Chaco se trasladó este viernes del debate parlamentario a los tribunales. Los legisladores provinciales del Bloque Justicialista formalizaron una doble denuncia penal (en los fueros provincial y federal) apuntando directamente contra la cúpula económica nacional y local: el gobernador Leandro Zdero, su ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

El eje del conflicto gira en torno al mecanismo utilizado para financiar el déficit de caja provincial durante los últimos dos años y su posterior consolidación como deuda exigible en ejercicios fiscales futuros.

El planteo opositor: adelantos convertidos en deuda sin aval de la Legislatura

Durante una conferencia de prensa, el diputado provincial y exministro de Economía, Santiago Pérez Pons, detalló los fundamentos técnicos de la denuncia. Según explicó, el Gobierno provincial desnaturalizó la figura del adelanto de coparticipación —un instrumento de liquidez de corto plazo que debe devolverse dentro del mismo año fiscal— para transformarlo en compromisos plurianuales sin pasar por el recinto.

• Violación constitucional: Pérez Pons recordó que el artículo 63 de la Constitución del Chaco exige una ley previa aprobada por dos tercios de la Legislatura para contraer empréstitos que comprometan presupuestos futuros, requisito que nunca se cumplió.

• La ruta del dinero: Según los denunciantes, la maniobra se ejecutó en dos tramos. En marzo de 2025 se tomó un adelanto de $120.000 millones que en diciembre se reconvirtió en una deuda de $76.010 millones a pagar hasta junio de 2027. En abril de 2026 se repitió el esquema con un anticipo de $400.000 millones que, mediante el Decreto 1823 de agosto, pasó a ser deuda al 15% anual con vencimientos en 2027 y 2028.

• Impacto en los registros: Citando datos oficiales bajo el ítem ‘Convenio REOR – Nación’, el legislador advirtió que el pasivo pasó de cero en diciembre de 2024 a $446.259 millones en agosto de 2026, lo que representa una carga de $390.000 por cada habitante (más de $1,5 millones por familia tipo).

Asimismo, Pérez Pons refutó el discurso oficial sobre el desendeudamiento: sostuvo que, medida en moneda estadounidense para neutralizar la inflación, la deuda total de la provincia escaló de 369 millones de dólares en diciembre de 2023 a 572 millones en agosto de 2026 (un incremento del 55%, equivalente a US$ 203 millones adicionales). Advirtió además que en 2027 se retendrán $336.465 millones de coparticipación, afectando partidas esenciales de salud, sueldos y obra pública.

La réplica oficialista: «Actúan de mala fe o por desconocimiento»

La respuesta desde las filas del oficialismo no tardó en llegar. El diputado nacional y ex subsecretario de Finanzas del Chaco, Guillermo Agüero, salió en defensa de la gestión de Zdero y desestimó la gravedad penal de la presentación opositora, calificándola como un planteo «absolutamente insólito, improcedente e inentendible» enmarcado en una «recurrente chicana política».

Agüero contrapuso la interpretación legal del peronismo asegurando que todas las operaciones de administración de pasivos se ajustaron estrictamente a la normativa vigente:

En cuanto al marco legal de la operación, el oficialismo (UCR / JxC) argumenta que la medida se encuentra plenamente amparada en el artículo 90 de la Ley 1092-A, normativa que faculta al Poder Ejecutivo a renegociar y reestructurar la deuda pública.

Respecto a los controles institucionales, desde la vereda oficialista, en tanto, remarcan que todas las operatorias contaron con la intervención y los dictámenes favorables previos de la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado y la Asesoría General de Gobierno.

Finalmente, sobre el destino y el impacto financiero, el oficialismo defiende que la refinanciación permitió garantizar el pago de los salarios estatales y el sostenimiento de los servicios públicos ante la caída de la coparticipación, evitando así que la provincia cayera en una situación de incumplimiento o default.

El exfuncionario económico sostuvo que la refinanciación fue una herramienta indispensable para administrar con responsabilidad el endeudamiento heredado de la gestión anterior, mejorando plazos y condiciones financieras frente a un escenario de retracción de los recursos nacionales. «Acá hubo una decisión de administrar responsablemente los recursos de la provincia, cumplir con las obligaciones y evitar que el Chaco cayera en una situación de incumplimiento», sentenció Agüero, acusando a la oposición de intentar judicializar una herramienta ordinaria de administración financiera.

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