Mediante un comunicado de prensa, el Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado, en representación de nuestros 74 centros en todo el país, plantean al gobierno que conduce Alberto Fernández la necesidad de discutir una reforma del sistema previsional en su conjunto y “un aumento de emergencia a los haberes mínimos y a todos las escalas de por lo menos un 30%”.
“Este monto no es capricho, sino que viene en consonancia con la brutal pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones durante los 4 años del gobierno neoliberal de Macri y a su vez en los haberes superiores a la mínima con la suspensión de la fórmula de movilidad por decreto del 2020”, expusieron.
Asimismo, reconocieron que “durante el primer año de funcionamiento de la nueva fórmula de movilidad, las jubilaciones aumentaran un 52,67% acumulado en todo el 2021 (8,07% en marzo, 12,12% en junio, 12,39% en septiembre y 12,11% en diciembre). Aunque cuestionaron que «se percibe un deterioro significativo de la capacidad de consumo de los jubilados y pensionados, a causa de múltiples factores, el principal el atraso que vienen sufriendo los salarios y las jubilaciones en estos ultimo años, frente a una tasa de inflación interanual que se mantiene en niveles no inferiores al 50 % anual, según datos de INDEC”.
Los adultos mayores entienden que “por esta combinación de factores y circunstancias que caracterizan la economía nacional golpeada por factores externos, entre ellos la enorme deuda contraída con el FMI, es que el sistema previsional argentino requiere una reforma sustancial que permita, a través de una combinación de políticas sociales y tributarias específicas, recomponer y sostener en el tiempo los haberes mínimos e ingresos de los jubilados y pensionados, a niveles que no pueden estar por debajo de la canasta básica de las personas mayores”.
En este sentido, insistieron con los reclamos históricos del sector, “elevar el mínimo jubilatorio, que a partir de marzo 2022 incrementa un 12,8 %, y se traduce hoy en $ 32.630. Elevarlo hasta la suma equivalente al costo total de la canasta básica de una persona mayor ($ 75.500). Y de ahí recomponer toda la pirámide previsional”.
Y una vez que se pueda saldar esos puntos, proponen “avanzar estableciendo índices de movilidad que garanticen la vinculación directa entre haberes y salarios de activos (conforme principios. Proporcionalidad, Sustitución y Solidaridad Intergeneracional), añadiendo una cláusula gatillo que contemple la tasa de inflación para los supuestos en que la fórmula legal de actualización deje a los haberes atrasados”.
Jubilados y pensionados de ATE explicaron que “se trata, por un lado, de asegurar que no pierda el valor adquisitivo las prestaciones y, por el otro, garantizar a través de la suba de los salarios una mejora sostenida en el nivel de vida de los trabajadores jubilados«.
Por último, consideran que este contexto, se debe discutir de manera urgente “la necesidad de una reforma del sistema previsional en su conjunto (aportes y contribuciones a valores históricos) y del sistema tributario (impuestos directos, progresivos y redistributivos) que garantice jubilaciones y pensiones dignas, impulsando políticas de protección del trabajo digno, que generen una recomposición real del haber jubilatorio en el plazo más corto posible”.