El “Congreso de ESI con base científica y valores” organizado por la Mesa Evangélica Metropolitana que se desarrolló el pasado viernes en UEGP N° 73 Iglesia de Jesucristo fue auspiciado por la cartera educativa mediante las Resoluciones N° 976/21 y N° 607/22. Sin embrago, ahora admiten que el evento contuvo expresiones que lesionan derechos consagrados en las leyes de referencia vinculadas a la Educación Sexual Integral. “Esto constituye una falta grave a la confianza institucional depositada por este ministerio en los/as oferentes del Congreso”, manifestaron.
En virtud de las presentaciones realizadas por diferentes colectivos en relación al Congreso “Educación Sexual Integral con base científica y en valores”, el Ministerio de Educación manifestó su preocupación en relación a expresiones realizadas durante el evento, considerando que “las mismas se plantearon en ostensible contradicción con los postulados de las leyes que reconocen y sostienen derechos fundamentales, de los cuales este ministerio, en tanto organismo del Estado, es un ineludible custodio”.
El evento fue organizado por la Mesa Evangélica Metropolitana el pasado viernes 13 de mayo en la UEGP N° 73 Iglesia de Jesucristo. Al respecto la subsecretaria de Educación, Ludmila Pellegrini, y el subsecretario de Formación Docente e Investigación Educativa, Favio Alvarenga, reconocieron que el ministerio avaló y auspició, a través de las Resoluciones N° 976/21 y N° 607/22, la realización del Congreso en el marco de la implementación de la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral y su correlato a nivel provincial Ley N° 1502- E, “cuyos postulados no sólo se encuadran en sólidos fundamentos científicos sino que, además, se sustentan en valores vinculados a derechos humanos esenciales”.
“El proyecto presentado, revisado y aprobado por la Dirección de Formación Docente no presentaba contradicciones con los marcos normativos vigentes», aseguraron. No obstante, advirtieron que en dicha actividad «los conferencistas tuvieron expresiones que lesionaron y lesionan gravemente derechos fundamentales, consignados en las leyes de referencia llegando al punto de negarlas”.
En este sentido, citaron algunos de los dichos considerados lesivos fueron: “la disforia de género (DG), anteriormente conocido como trastorno de identidad de género (TIG), es un trastorno mental reconocido…”
Las autoridades de la cartera educativa provincial manifestaron que “esto constituye una falta grave a la confianza institucional depositada por este ministerio en los/as oferentes del Congreso. Sostenemos que no hay lugar para la patologización de las identidades de género y disidencias según lo establecido en la Ley N° 26.743/2012. Asimismo, reconocemos la diversidad de las configuraciones familiares como un valor social fundamental (Ley N° 26.618/2010) y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo como un derecho garantizado por Ley N° 27.610/2020”.
A partir de las situaciones expuestas, el MECCyT adelantó que realizará una revisión y evaluación minuciosa de próximas instancias de capacitación y/o materiales, que pudiesen presentarse por parte de estos oferentes, no habiéndose hasta el momento aprobado, ningún material ni documento que pudiese ser presentado en dicho congreso.
“Lo anterior se efectuará de acuerdo a la Resolución N° 45/08 del Consejo Federal de Educación (CFE) de lineamientos curriculares que establecen los propósitos formativos y los aprendizajes básicos sugeridos para cada nivel educativo; producto de acuerdos y consensos de extensas consultas y profundos intercambios entre expertos y expertas, representantes de las distintas comunidades religiosas, equipos técnicos jurisdiccionales, organismos de Derechos Humanos, entre otros actores. En concordancia con la Resolución N° 340/18 CFE que expresa los cincos ejes de la ESI que son: valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, ejercer nuestros derechos, cuidar el cuerpo y la salud y respetar la diversidad”, detallaron.
“La ESI abraza la diversidad religiosa y el ejercicio de todos los derechos humanos fundamentales. La profesión de un credo, no es ni ha sido un obstáculo para que desde la escuela, como ámbito democrático y plural, confluyan visiones divergentes”, advirtieron.
“La ESI es una política pública llevada adelante por el Ministerio de Educación y que consiste en garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes pero al mismo tiempo debe buscar consensos y fortalecer el diálogo, sin desconocer las diferencias y las tensiones que la complejidad de la temática conllevan”, concluyeron desde la cartera educativa.