El referente del Frente por la Educación y el Trabajo, Eduardo Aguilar viene insistiendo en la necesidad de combatir la problemática a la que considera “origen de la riqueza de muchos políticos y de plata negra en las campañas”. En este sentido, e inspirado en organismos internacionales, propone implementar en el Chaco y en Resistencia “sistemas transparentes difíciles de burlar”.
1. A las obras no las puede decidir solo cada gobernador o intendente que llega. La provincia y la ciudad deben tener un Plan de Obras Prioritarias, y a eso debe ir el 80% del presupuesto de obras. Sobre el resto decide el Ejecutivo del momento.
2. Ese plan debe ser armado con participación social (como hacen muchos países de Europa). Ejemplo, los concejales, más la Facultades de Ingeniería y Arquitectura, más los Concejos Profesionales de Ingenieros y Arquitectos, deben conformar un Consejo Planificador Permanente, que fije un plan de obras prioritarias para la ciudad. (Facultades y consejos pueden votar para elegir quién va a integrar este organismo).
3. No puede ser que un intendente como el de Resistencia diga «quiero cambiar la plaza porque no me gusta» y le meta sin más con una empresa amiga. No. La ciudad tiene que tener un plan de obras prioritarias armado con participación de especialistas y a largo plazo. Y el que llega sigue ese camino, con por lo menos el 80% del presupuesto de infraestructura. Lo restante lo decide quien ganó la elección.
4. Ese Concejo, junto con el área correspondiente del municipio o provincia, ya debe fijar las características técnicas de que debe tener la obra y el Pliego Básico de Licitación, así como llevar una base de costos aproximados de cada obra.
5. Ese Concejo también debe evaluar las propuestas que se presentan de parte de las empresas. Y preseleccionar las aceptables. Luego auditar etapas y hacer informes publicos del grado y calidad de los avances.
6. Finalmente debe haber un chequeo público de cada empresa que se presenta: de quién es? qué experiencia tiene? qué otras obras hizo? cumplió con la calidad? Si se dan esos requisitos puede participar de las licitaciones o logra puntajes más altos para quedarse con las obras.
7. Con estas ideas eliminamos sobreprecios, y el costo de una obra no podría desviarse más que en montos muy bajos de lo pensado por especialistas no vinculados a la política. Y las obras serían las necesarias para la ciudad/provincia, no las que se le ocurre a cada Ejecutivo hacer con sus empresas amigas al precio que se le canta.
Para terminar con la corrupción en la obra pública y extinguir los “Lázaro Báez”, Aguilar explicó en su cuenta de Facebook que se debe crear ese organismo público–privado, al que propone llamarlo «Consejo Planificador y Auditor de Obras Públicas». Que la sociedad debe controlar la política, y que los concejales y diputados redacten la ley.
Foto de portada: memo.com.ar