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Días atrás, El Comité para la Prevención de la Tortura Chaco, recomendó al equipo Fiscal la realización de una visita supervisada entre Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña. En este sentido, Nahir Barud, la abogada de la Secretaría, que oficia como querellante, explicó que la negativa responde a evitar cualquier entorpecimiento de la investigación. “Esto podría generar una nueva serie de hechos delictivos en relación a estas personas, por eso nos oponemos”, dijo.

Desde el Comité que preside Kevin Nielsen, luego de un análisis pormenorizado de la normativa internacional, recomendaron al equipo fiscal que investiga el femicidio y desaparición de Cecilia Strzyzowski, la revinculación progresiva del núcleo familiar Sena detenidos en la causa. Además, que la medida se adopte asegurando que ello no obstaculice la continuidad de la investigación penal preparatoria.

“Expresamos nuestra negativa a la medida sugerida de permitir la comunicación entre Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena porque entendemos que eso podría entorpecer la investigación”, explicó Barud.

“Además, habilitar la comunicación entre los imputados, a tan poco de lo que estaría faltando para el requerimiento de elevación a juicio, podría generar una nueva serie de hechos delictivos en relación con estas tres personas”, enfatizó la abogada de Derechos Humanos y Géneros.

Barud señaló que en caso de que el Equipo Fiscal Especial que interviene en el expediente habilitase el pedido en favor de los Sena, en conjunto con Briend, Derechos Humanos volverá a expresarse en oposición.

Otro de los elementos que explica el rechazo a la medida es “que ha quedado demostrado a lo largo del expediente el nivel de organización que han tenido para obstaculizar la investigación”.

La sugerencia para habilitar la comunicación fue realizada días atrás por el Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles e Inhumanas y/o Degradantes, organismo que no funciona bajo la órbita ni responde al Poder Ejecutivo.

“Es un ente que se creó hace más de diez años y no depende de ninguno de los tres poderes del Estado; hay que tener en cuenta que los autores de la Ley 1798-B, que es la que pone en funcionamiento al Comité, fue impulsada por los entonces diputados (Alicia) Terada y (Carlos Martínez)”, apuntó Barud, quien destacó que quienes conforman el cuerpo directivo de este organismo han ingresado por concurso y provienen de distintos sectores y partidos políticos.

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