Para el Ministro de Economía, Planificación e Infraestructura, Santiago Pérez Pons el problema no son las personas que cortan, “sino los dirigentes de las organizaciones, que muchas veces las tienen presas», acusó y apuntó al poder judicial cómo el poder que deben solucionar la problemática. Por su parte, la jueza de Faltas, Sandra Saidman recordó que los “piquetes” son reclamos ciudadanos elevados al Poder Ejecutivo provincial, por lo que considera que es “a este poder al que le corresponde prevenir, atender y canalizar las peticiones por medio de los mecanismos establecidos”.
Los cortes de calles y avenidas en el microcentro de Resistencia se han vuelto tan cotidiano como como los siniestros viales. Las organizaciones sociales, a diario, marchan hacia Casa de Gobierno llevando sus reclamos por tierras, viviendas, trabajo, pago de cooperativas, mercaderías para sustentar los merenderos y promesas incumplidas.
Estas marchas generan un verdadero caos en el tránsito que caldea el ánimo de peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. La situación se tensa tanto que es muy común escuchar insultos, discusiones e incluso ver hechos de violencia.
En una entrevista realizada en Noticiero 9 Federal, Pons se refirió a la problemática de los piquetes y la calificó de “una situación compleja». En este sentido, reconoció el derecho a reclamar reconociendo que esas personas «seguramente están en una situación de vulnerabilidad». Aunque consideró que «el problema no son las personas que están en esa situación”, y apuntó contra los dirigentes de las organizaciones “que muchas veces las tienen presas».
«Cuando dos derechos están en disputa, el mío de circular y el de aquella persona que necesita un plato de comida de poder reclamar, el Poder Judicial es el poder del Estado que tiene que tomar una solución en este tema», lanzó el funcionario provincial.
Pérez Pons reconoció que «la sociedad está cansada» citando su propia experiencia “me pasa muchas veces cuando tengo que ir a Casa de Gobierno de tener cortes particulares».
Sandra Saidman, jueza que subroga el Juzgado de Faltas de Resistencia, recogió el guante por los dichos de ministro de Economía y aseguró que desde su Juzgado “se ha procedido en todo momento de conformidad a la legislación provincial y nacional aplicables”.
En este sentido, explicó “de acuerdo a lo establecido por las leyes provinciales 2399-J sobre Actuación de los Cuerpos Policiales en Manifestaciones Públicas y la ley integral de mediación Nº 3323-C, tanto la titular de éste Juzgado como quiénes la subrogamos, disponemos instrucciones periódicas sobre el particular al jefe de la Dirección General Metropolitana de la Policía de la Provincia del Chaco de lo que también tomó conocimiento el Superior Tribunal de Justicia. La última oportunidad, por resolución del fecha 18 de marzo, comunicada mediante oficio N° 775 del 21 de marzo”.
Por último, Saidman recordó que los “piquetes” “constituyen reclamos ciudadanos al Poder Ejecutivo provincial y es a este poder al que le corresponde prevenir, atender y canalizar las peticiones por medio de los mecanismos establecidos en las leyes citadas y el ejercicio de la actividad política”, por lo que no es competencia del Poder Judicial responder y otorgar las soluciones a las demandas.
Vale recordar que la semana pasada el gobierno provincial ya tuvo en cruce con la justicia federal por la problemática del narcotráfico en la localidad de Sáenz Peña. En ese momento la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar pedió que la justicia federal se involucre ya que se sentían que trabajaban solos. Por su parte, el fiscal federal, Patricio Sabadini les respondió que “la «justicia» solo resuelve un conflicto o la infracción a una norma penal, no una política de seguridad”.