El día lunes 25 de noviembre, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia resolvió revocar la medida cautelar que impedía el aumento del boleto de colectivo de $710 a $1.150, pese a que estaba abierta una instancia de conciliación de partes y un cuarto intermedio. «Pero esta decisión no es definitiva ni firme», aclararon desde el organismo que conduce Bernardo Voloj luego de que el Subsecretario de Transporte de la provincia asegurara que durante esta semana la tarifa volvería a 1.150 pesos.
Luego de conocerse que la justicia revocara la medida cautelar dictada por el juez Julián Flores, el subsecretario de Transporte, Rodolfo Díaz celebró la medida y manifestó que el boleto a $710 era insostenible y que entre sábado y lunes la tarifa volvería a 1.150 pesos.
«De acuerdo con la legislación procesal vigente, esta resolución puede ser recurrida a través de un recurso extraordinario provincial en un plazo de diez (10) días hábiles desde su notificación. Esto significa que, mientras dure este plazo y se evalúen las posibles acciones procesales, la decisión no produce efectos inmediatos», explicaron de la Defensoría del Pueblo del Chaco.
En este sentido, señalaron que el caso de que el recurso extraordinario sea denegado, «podría presentarse una queja ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, lo que prolongaría aún más la definición del caso». Por lo que, advirtieron que «cualquier anuncio sobre un incremento inmediato en el valor del boleto es prematuro y carece de sustento legal, generando innecesaria incertidumbre en la población».
«La decisión de la Cámara de Apelaciones es cuestionable desde el punto de vista legal, que apartó al juez de primera instancia mediante la aplicación del Art.32, I.7., que regula las causales de recusación. Este proceder carece de fundamento jurídico, ya que dicho mecanismo debe ser promovido exclusivamente por las partes y en etapas procesales previas. Esta acción representa una aventura jurídica sin base normativa ni un análisis razonable del derecho vigente», manifestaron.
Mientras tanto, ll proceso de amparo avanza normalmente, con una audiencia clave programada para el próximo martes 10 de diciembre a las 11 de la mañana. Allí, las partes interesadas intentará acordar un valor considerable del boleto, no se descarta una tarifa intermedia entre 710 y 1.150, el control del cumplimiento de las obligaciones de las empresas en el proceso licitatorio.
Desde la Defensoría del Pueblo insisten en la necesidad de garantizar la gradualidad en los ajustes tarifarios para asegurar un equilibrio justo entre las empresas, el Estado y los usuarios del transporte público.
Por último, instaron a las autoridades «a informarse y asesorarse adecuadamente antes de emitir declaraciones que confundan a la sociedad y pongan en tela de juicio el trabajo del Poder Judicial».