La Asociación que nuclea a Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina manifestaron su preocupación ante el Decreto de Necesidad y Urgencia por el cual el Poder Ejecutivo Nacional busca derogar y/o modificar una cantidad inédita de leyes.
Mediante un comunicado de prensa, expresaron que “el carácter republicano de nuestro país exige que la legislación sobre esta multiplicidad de aspectos, atinentes al funcionamiento del Estado y a la vida en comunidad, sea dada en el Congreso Nacional, donde el pueblo tiene su representación”.
En este sentido, remarcaron que “es importante tener en cuenta que los Decretos de Necesidad y Urgencia no deben versar sobre: derecho penal, derecho tributario, derecho electoral y derecho de los partidos políticos. Además, plantean a los diputados y senadores la disyuntiva de aprobar o rechazar el conjunto de la norma, sin la posibilidad de debatir u opinar en relación a los artículos que lo componen”.
Para los Defensores del Pueblo del país, la utilización de esta herramienta agrega incertidumbre e inestabilidad, “ya que inaugura y legitima un sistema que supondría la concesión de facultades extraordinarias y la suma del poder público, prohibidas por la Constitución Nacional en su artículo 29”.
Asimismo, entienden que “resulta cuestionable que el cambio normativo impulsado cumpla las condiciones de necesidad y urgencia exigidas para el dictado de este tipo de decretos, los cuales están previstos como una excepción constitucional”.
En este sentido, advirtieron que “la vertiginosidad y la ausencia de debate democrático no pueden ser la regla para aprobar regulaciones que afectan de modo sustantivo las relaciones socioeconómicas en nuestro país”.
Por último, las Defensorías del Pueblo de todo el país, como instituciones encargadas de promover y proteger las libertades y garantías consagradas por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, instaron al Gobierno Nacional “a retirar este Decreto de Necesidad y Urgencia, a respetar de manera irrestricta la división de poderes y a abstenerse de impulsar medidas que vulneren los derechos”.