En el marco de un nuevo conflicto del transporte público de pasajeros en el Gran Resistencia, que implicó la interrupción de un paro por 48 horas a partir del dictado de Conciliación Obligatoria por parte de la Dirección de Trabajo, desde la Defensoría de Pueblo criticaron el sistema y exigieron al gobierno que interceda y defienda los derechos del usuarios.
«Los bolsillos de los pasajeros del Gran Resistencia no pueden seguir siendo la caja de ahorro para mantener un sistema de transporte que no funciona», advirtieron desde el organismo que conduce Bernardo Voloj. Asimismo, recordaron que desde enero advierten que «el llamado «sinceramiento» generaría no solo un aumento abrupto en el valor del pasaje, sino también una crisis estructural en el funcionamiento del sistema. A esto se suma la reducción del subsidio nacional, que agrava aún más la situación».
Para la Defensoría del Pueblo «el Estado no puede ser un mero observador de esta realidad. Tiene la responsabilidad de actuar en defensa de los derechos de los usuarios, no de ser un mediador pasivo». «La neutralidad no es una opción. Es hora de que se tomen medidas activas si los términos contractuales del servicio no están garantizados», insistieron.
En este sentido, consideraron que «no se pueden seguir proponiendo aumentos en el pasaje cuando el sistema no es previsible, no funciona, y es costoso». Además, recordaron que el argumento en enero fue que el pasaje era «muy barato» y que debíamos adecuarnos a la realidad de Corrientes. «Sin embargo, el pasaje ya se incrementó un 700%, alcanzando valores similares al resto del país».
«Llevarlo a más de $1,000 como se pretende, sería una carga insostenible para los usuarios, especialmente cuando ni siquiera tenemos estadísticas claras sobre la merma de pasajeros transportados», concluyeron.