Por Cr. Livio T. Fernández – Sec. Gral. Policías Autoconvocados por un Salario Justo – FREPPACH
Que un gobernador y una ministra prometan algunas medidas aisladas en materia de seguridad pública o que hablen de inversiones sin un plan real, sin fuentes de financiamiento confirmadas, son noticias que hasta podrían pasar desapercibidas frente al hastío social.
La inseguridad se convirtió en las últimas décadas en uno de los principales problemas de la sociedad. Y a juzgar por sus resultados, las políticas públicas en materia de seguridad pública han mostrado ser ineficaces para contrarrestar el aumento de los delitos y las consecuencias dañosas para la salud, la vida, el patrimonio y la libertad de los habitantes.
Pero que funcionarios de los tres poderes del estado, representantes de la comunidad organizada y mandatarios municipales escuchen calladamente cifras de estadísticas delictuales con un importante subregistro, y que el gobierno se autoadjudique un falso éxito en la gestión de los asuntos de la seguridad pública, son manifestaciones dignas de ser fustigadas. La deshonestidad provenga de donde provenga debería ser rechazada y repudiada por todos los actores sociales.
Esto viene a cuento porque hace pocos días en una reunión muy importante se dijo varias veces que los delitos denunciados en la provincia bajaron a la mitad entre 2002 y 2021.
¿Alguien puede explicar razonablemente cómo puede ser y por qué se produjo una baja tan pronunciada en la cantidad de delitos denunciados en 20 años? mientras que las fiscalías y juzgados están abarrotados de expedientes y causas, y los detenidos hicieron colapsar el sistema penitenciario y los calabozos de las comisarías, admitiéndose incluso que por primera vez hay más presos en las comisarías superpobladas de detenidos prevenidos y condenados, con 2, 3 o más veces internos de acuerdo con su capacidad instalada.
En un tema tan sensible y dramático para la sociedad ¿se puede ser tan ridículo de querer tapar el sol con un dedo?
Las inconsistencias de las cifras expuestas saltan a la vista de todos ¿cómo puede ser que, si ahora hay más expedientes y causas penales, y más delincuentes o supuestos delincuentes detenidos, al mismo tiempo existan menos delitos en el Chaco? Como mínimo, deberíamos exigir a los poderes ejecutivo y judicial que aclararan estos temas y pusieran las cosas en su justo lugar. Aunque frente a todo esto hay silencios que aturden y muchos que prefieren mirar para otro lado.
Sistemas desintegrados de estadísticas delictuales policiales y judiciales
Los 57.000 delitos de 2002 expuestos un par de semanas atrás, que en realidad fueron cerca de 50.000 según las cifras oficiales del SUED de la Policía, no son comparables con los 24.000 delitos subregistrados a nivel global de 2021 según las mismas estadísticas policiales.
El importante subregistro del SUED de la Policía, principalmente por las cifras negras de la criminalidad y las denuncias directas en mesas de atención y asesoramiento, y en las unidades descentralizadas para la atención a la víctima y al ciudadano del Poder Judicial, los cambios en el modo de contar los delitos tanto en el sistema estadístico policial como judicial y las diferencias en el nomenclador de delitos existente entre ambos sistemas, hacen incomparables esas cifras por falta de homogeneidad e integridad en la información estadística.
Esto es conocido por funcionarios del gobierno, judiciales y policiales, tanto como la inexistencia de un sistema integrado de estadísticas delictuales policiales y judiciales como debería existir. En cambio, hay dos sistemas que funcionan como compartimientos estancos sin ninguna conexión o interrelación.
Ahora bien, si se registraran y procesaran todas las denuncias y comprobaciones de oficio que ingresan al fuero penal del Poder Judicial, en forma directa en sus propias dependencias y por el trabajo de la prevención policial, no caben dudas que las cifras de la criminalidad aparente de 2021 serán muy superiores a las que se expusieron recientemente.
Además, si en lugar de exposiciones de estadísticas delictuales con un importante subregistro, que intentan maquillar una gestión opaca e ineficaz, se realizaran encuestas de victimización en forma periódica y sistemática, se podría conocer bastante más sobre la cuestión criminal en la provincia.
Si al conocimiento más preciso de la cuestión delictual se le sumara un análisis cuantitativo y cualitativo de la criminalidad real, las conclusiones serían diametralmente opuestas, y se podrían usar como insumo básico para la formulación, evaluación e implementación de las políticas públicas de seguridad.
Aunque esto ya sería demasiado pedir para un gobierno que expone reiteradamente cifras de estadísticas criminales sesgadas y falaces, y anuncia planes que no son reales.