Según expusieron desde el gremio que conduce Dafne Zamudio, mediante la resolución 1031, firmada por el ministro de Gobierno, José Gómez, «el gobierno de Leandro Zdero amenaza a los trabajadores estatales de la provincia con realizar descuentos de sueldo por días de paro, sea presencial o sin asistencia en los lugares de trabajo, violando abiertamente los derechos consagrados en la Constitución Nacional y convenios internacionales que regulan las relaciones laborales en el sector público».
La polémica herramienta firmada por el ministro de Gobierno establece que “la no prestación efectiva de tareas motivadas en el ejercicio de medidas de fuerzas (…) serán descontadas de los conceptos remunerativos de manera proporcional a las horas o días no trabajados del haber del mes correspondiente”. Para ATE, dicha medida viola «abiertamente el artículo 14 Bis de la CN, que establece que “Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga”. En este marco, recordaron que Chaco cuenta con un Convenio Colectivo de Trabajo para el sector estatal, y que en los 9 meses que lleva la gestión Zdero jamás fue convocado, pese a las reiteradas demandas de los sindicatos con representación gremial».
Además, en su segundo artículo ordena a los superiores jerárquicos a que quienes realicen protestas “deberán ser intimados por medio fehaciente al cese de la medida”.
En sus argumentos, el gobierno destaca que “durante los primeros seis meses de la presente gestión de gobierno (2023-2027), el Sr. Gobernador de la Provincia ha llevado a cabo un incremento significativo en el sueldo de los agentes públicos, totalizando un aumento del 132,5% en relación a los sueldos de diciembre del 2023, por encima de la inflación acumulada”. En este sentido, desde el sindicato cuestionan que dicho argumento obvia «que solamente en diciembre del 2023 el mandatario y sus funcionarios
se triplicaron los sueldos; o que el precio de un pasaje de colectivo urbano pasó de 81 a 710 pesos, con amenazas de romper la barrera de los 1000 pesos a la brevedad. Sumado esto a los aumentos de luz (que como mínimo triplicaron sus montos en lo que va del año) y el precio de los alquileres, los incrementos salariales de los estatales chaqueños sólo sirvieron para pagar impuestos».
Por último, recordaron «las reiteradas solicitudes por parte de los sindicatos de que el Gobierno convoque a la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP), que es el marco legal actual donde se debe discutir los salarios y las condiciones laborales, y que esta gestión se niega sistemáticamente a convocar. Muy por el contrario, intenta gobernar por la fuerza y la intimidación, violando las leyes vigentes, amparándose en un escenario político nacional donde el diálogo y la democracia parecen ser sólo conceptos del pasado, y bajo el pretexto de la “libertad” lo único que hacen es hambrear y reprimir el descontento social».