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La Cámara de Diputados de la Nación cuenta con un programa de formación e integración profesional que, según la especialista Dolores Galán Plaché, «apunta a la inclusión real» en el mundo del trabajo. La Ley establece un cupo del 4% para el sector público y en determinadas circunstancias, en el privado. Sin embrago no se cumple en casi ningún ámbito.

Según la Organización Internacional del Trabajo, más del 80% de las personas con discapacidad están desempleadas a nivel mundial. En Argentina la situación no es diferente, el 10,2% de la población tiene algún tipo de discapacidad y sólo un 32,2% tiene empleo, de acuerdo a datos de último informe especializado de INDEC.

El trabajo desempeña un papel fundamental en la vida de las personas, brindando no solo una fuente de ingresos, sino también un sentido de pertenencia, realización personal y desarrollo profesional. Sin embargo, para aquellos que viven con discapacidades, encontrar oportunidades laborales inclusivas puede ser un desafío.

Es crucial reconocer que la discapacidad no define las habilidades, ni el potencial de una persona. Todos merecen la oportunidad de participar plenamente en el mundo laboral, independientemente de sus capacidades físicas o mentales.

Cabe destacar que las personas con discapacidad tienen habilidades, talentos y capacidades para contribuir significativamente en el ámbito laboral. La inclusión y la eliminación de barreras son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades en el trabajo para todas las personas, independientemente de su condición.

Dolores Galán Plaché es asesora de Formación e Inclusión Laboral para personas con Discapacidad en la Cámara baja del Congreso Nacional. En diálogo con El Auditor.info indicó que, desde su lugar, “se apunta a la inclusión real” de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo a través de un programa específico.

Programa

El programa de formación e inserción profesional para personas con discapacidad se creó en 2013, mediante la resolución presidencial N° 263/13, y se inscribe en el marco del paradigma social de la discapacidad, teniendo en cuenta que la misma “es un concepto que evoluciona, que resulta de la interacción entre las personas, las barreras originadas en la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad”.

El objetivo del programa es “concretar ese deseo de llegar al cupo de 4% que propone la ley», aseguró Galán Plaché. La finalidad, además, es darle estabilidad laboral a esa persona que ingresa, completó la especialista.

“La voluntad política de querer cumplir con una ley es fundamental”, subrayó la profesional. Y tildó de “paradójico” que no se cumpla con la norma, justamente, en “casa de las leyes”. La labor del programa, por otro lado, es crear puestos de trabajo genuinos, que no sean para ocupar un lugar o, solamente, cumplir una ley.

Las barreras en el acceso

El proyecto, por otro lado, propone que las personas que ingresan tengan acceso a la capacitación que les permita desempeñarse en su ámbito laboral. En paralelo, se trabaja con el entorno acerca del imaginario sobre la discapacidad, a fin de remover barreras sociales concientizando, sensibilizando y deconstruyendo miedos y prejuicios en relación a la temática. “Hubo que trabajar, derribar prejuicios y mitos que existen acerca de la discapacidad, en ese sentido también es fundamental la iniciativa”, agregó la asesora.

La adaptación de los puestos de trabajo se lleva adelante a través de la planta trayectoria, ya que no se puede acceder directamente a la planta permanente. “Durante ese año se acondiciona el lugar en la búsqueda de que el trabajador se sienta cómodo en su ámbito laboral”.

Luego del año, el empleado continúa su trabajo en planta permanente, lo cual implica que ya pueda hacer carrera administrativa dentro de la cámara “como cualquier otra persona, allí está la igualdad de oportunidades que se busca”, indicó Galán Plaché.

Accesibilidad actitudinal

Se necesitan ambientes y entornos adecuados y accesibles, sin embargo, es primordial el acceso a espacios de interacción social sin sentirse estigmatizados o señalados por su situación o dependencia.

Según Galán, el énfasis está puesto en la persona con discapacidad y el prejuicio. Pero, muchas veces, “somos nosotros parte del entorno discapacitante”, subrayó.

La infantilización de la discapacidad es otra de las barreras que deben superar. “Se está poniendo más en práctica el modelo social de la discapacidad y ya se está tratando de dejar de lado el modelo médico hegemónico”.

Beneficios

El acceso al trabajo permite, además, la cobertura de una obra social, la sindicalización, pertenecer, participar y construir lazos sociales. “Resulta gratificante, al fin y al cabo, cuando la persona está cómoda en su puesto y puede desarrollarse en lo que, en definitiva, le gusta”, resaltó Galán Plaché.

¿Qué es el cupo laboral para personas con discapacidad?

Es una obligación del Estado para asegurar a las personas con discapacidad su derecho a trabajar. Se establece un cupo mínimo del 4% de los puestos de trabajo en el sector público para ser ocupados por personas con discapacidad. Este cupo también puede aplicarse en el sector privado en determinadas circunstancias.

“Apelamos a que el 4% sea un piso y no un techo”, agregó Galán. La ley de cupos busca, además, facilitar la inclusión y la igualdad de oportunidades. “Apelamos a que el 4% sea un piso y no un techo”, agregó Galán.

Sin embargo, la ley no se cumple en casi ningún espacio, y la asesora confirmó que tampoco en la Cámara de Diputados, “no se llega a cumplir, pero faltan muy pocas personas para llegar al cupo del 4%”.

¿Quiénes están obligados a cumplir con ese cupo?

El Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Legislativo Nacional. El Poder Judicial de la Nación. Los organismos del Estado. Las empresas del Estado. Las empresas privadas que son concesionarias de servicios públicos.

Fuente: El Auditor.info

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