Padres, madres, abuelos y abuelas nucleados en la O.N.G. “Infancia Compartida” se movilizarán este Miércoles 6, desde las 14 frente a la Legislatura provincial, solicitando de los diputados la aprobación del proyecto de Ley 3000/22, que crea el Registro de Obstructores. Dicho proyecto propone la sanción, con la anotación en un registro provincial de progenitores que, de una u otra forma, impidan u obstaculicen el contacto de sus hijos con el otro, que no convive con ellos.
Alejandro Segovia, referente regional de la O.N.G. “Infancia Compartida”, señaló que “con la nueva composición de la Legislatura provincial, se abre un nuevo panorama para el tratamiento del proyecto, que no fue abordado por la anterior composición, pese a los esfuerzos realizados por la diputada Cuesta, quien presidía el poder”.
Vale recordar que la autora del proyecto 3000/22 es la propia legisladora mandato cumplido, Elida Cuesta. Según explicó en su momento, dicho registro tendrá como funciones: llevar el asiento actualizado de las incursas en obstrucción de vínculos familiares, proceder a la inscripción de estas, publicar mensualmente en sitio web oficial el listado de obstructores familiares y expedir certificados de inclusión o de no inclusión en el registro.
Además, la autora del proyecto, había remarcado que la iniciativa, impulsada por Infancia Compartida, apunta al resguardo psicoafectivo de los menores de edad que se encuentran en situaciones de conflicto entre los progenitores. “Tenemos la convicción de cuidar los vínculos de los menores de edad para que puedan disfrutar de una crianza cariñosa y libre de violencia en sus familias”, aseguró.
Por otra parte, Segovia consideró que “la sanción del proyecto coronaría un año de lucha y microactivismo judicial que ha dado frutos”. Asimismo, destacó “la gran concientización lograda en la sociedad, y por otro, el cambio de paradigmas establecidos, haciendo referencia al fallo judicial de Cámara conocido en la semana pasada, que ordenó a las Juezas de primer instancia a realizar la escucha activa de todos los niños cuando sus derechos sean tutelados, algo que -dijo- era fuertemente resistido desde la corporación judicial”.
La convocatoria de este miércoles tiene como principal objetivo que los legisladores aprueben el proyecto de ley que sanciona a padres que incurren en el delito de “impedimento de contacto”, “que en la actualidad tiene una pobre sanción penal (que nunca se cumple), y que permite a los mismos seguir reteniendo a los menores sin que existan herramientas para hacerlos desistir de esa conducta”, expresó SEgovia.
Por último, recordó que el proyecto de Ley de Obstructores “prevé la anotación de los mismos en un registro, similar a los ya existentes de Deudores Alimentarios y de Personas Violentas, con las sanciones previstas como consecuencia de ello (imposibilidad de acceder a cargos públicos, impedimento para ser proveedor del estado y de acceder a créditos del Banco del Chaco, entre otros)”.