La medida, que fue anunciada este viernes, regirá desde el próximo martes 22 de agosto e involucra a la totalidad del personal y la medida es sin asistencia al lugar de trabajo. Denuncian falta de respuestas por parte del ministro Pérez Pons a los reclamos salariales que vienen realizando.
Según manifestaron los trabajadores, luego de haber presentado más de 13 notas, el pasado 11 de agosto fueron recibidos por el Ministro de Economía Pérez Pons, quien les garantizó que evaluarían sus reclamos tratando de dar una solución que los equipare a los haberes del Poder Judicial y además se comprometió a volver a convocarlos el pasado miércoles 16, “situación que no se dio, pese a los numerosos intentos y pasillos caminados como mensajes al funcionario”, reclamaron.
Los reclamos son “la Incorporación de los Conceptos 202, ajuste x revision Dto. 496/22 (Ley N° 3424-A) 01/08/21 y por dto1059/22 se extendió a los organismos constitucionales ; 210 Incompatibilidad; 046 Adicional Remunerativo establecido por los Decretos N° 492/18, N° 3033/19; N°855/21; 213 Bonificación por Título en los porcentajes que en cada caso correspondiere, en los mismos términos y alcances que a otros organismos constitucionales (50%) e incremento salarial-Decreto 2023-1775 que es una suma fija remunerativa, no bonificable y acumulativa y que le que fueron otorgados a los demás organismos comprendidos en la Ley N° 2006-A dejándonos afuera de todo beneficio y reconocimiento salarial con más incrementos salariales anunciados el 17/08/2023”.
Desde la Defensoría del Pueblo reclamaron “que El Poder Ejecutivo, a fin de preservar el poder adquisitivo de los salarios, viene concediendo beneficios a otros organismos, que gozan de la misma jerarquía constitucional, que esta Defensoría, pero sin incluir a este organismo”.
“Nuestros salarios han quedado totalmente desvalorizados, frente al proceso inflacionario alarmante que vive nuestro país, hoy los agentes de la Defensoría del Pueblo perciben solo el 35% del haber que correspondería”, denunciaron.
Asimismo, consideraron “que luego de más de un año de espera y lucha, ya hemos sido lo suficientemente pacientes en la presente cuestión; que venimos desempeñando una intensa labor, que abraca diversidad de temas en todo el territorio provincial, con una planta mínima de personal, en áreas tales como, discapacidad, área social, área de salud, área de servicios públicos, género y diversidad, educación, entre otras temáticas que atañen a toda la población”.
Los trabajadores advirtieron que la preocupante situación salarial por la que atraviesa la Defensoría del Pueblo, la falta de interés que percibimos los agentes desde el Poder Ejecutivo para con este organismo, los ha llevado a pensar en solicitar en forma masiva las transferencias a otros organismos constitucionales, “lo que en la práctica implicaría el cierre del organismo como tal, ya que desde el Poder Ejecutivo no se demuestra interés por su funcionamiento y personal”.
“Por todo ello decidimos hacer visible nuestra situación en los medios de comunicación, y solicitar públicamente a las autoridades, que se incorpore este organismo, en el otorgamiento de todos los beneficios acordados y por acordarse a futuro, para todos los demás organismos constitucionales y Poder Judicial de la Provincia del Chaco”, concluyeron.
Foto de portada: Osvaldo Ramírez