La consulta previa, libre e informada para implementar el juicio por jurados indígenas dio un nuevo paso con la reunión que tuvo lugar días atrás entre integrantes del Poder Judicial y la Cátedra Libre de Derecho Constitucional Indígena «Ricardo Altabe» de la UNNE. El encuentro se desarrolló en la Facultad de Ingeniería con el objetivo cumplir con el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el protocolo establecido en el decreto provincial 2090/21.
De la reunión participaron referentes de la Cátedra Libre: María Rosario Augé, Elizabet González y Daniel Escalante. Además, la diputada nacional María Luisa Chomiak; el vicepresidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Darío Gómez; Noelia Nazaruka, responsable de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho, autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, funcionarios de Poder Judicial, referentes, líderes y liderezas de pueblos indígenas.
“Nuestra preocupación y la necesidad de concretar la consulta a los pueblos indígenas como parte de la coordinación de los pueblos indígenas del Poder Judicial y colaboradora de la Cátedra Libre”, explicó Elizabet González. En este sentido, agregó que el objetivo es “aportar lo que venimos trabajando y abordando con representantes y líderes de organizaciones desde el año 2019”. Finalmente, dijo que esperan “que el petitorio tenga respuesta positiva y no sea visto como una renuncia al derecho y poder ser partícipes en esta nueva forma de ser juzgados por sus pares y jueces legos indígenas. Con mayor énfasis cuando de pueblos indígenas se traten las causas”.
Por su parte Chomiak se comprometió a habilitar los canales necesarios para impulsar la concreción del proceso de consulta en toda la provincia que resulta «urgente» porque hay personas «privadas de su libertad perteneciente a pueblos indígenas como así también víctimas».
El juicio por jurados indígenas tiene como objetivo que cuando víctima o victimario pertenecen a un pueblo indígena el jurado deba integrarse con representantes de dichos pueblos.
Las autoridades se comprometieron a avanzar en una agenda conjunta que permita «el ejercicio del derecho colectivo a la consulta e ir documentando los consensos».