Se trata del Proyecto de ley 2237.22 que lleva la firma de legisladores provinciales que integran los bloques de la UCR y el Justicialismo. Según plantean, el objetivo es garantizar los derechos constitucionales del niño, niña o adolescentes. Como sanciones proponen la quita de beneficios sociales a la organización.
“Sanciónese a las Asociaciones, Agrupaciones u Organizaciones, o todo otro Cuerpo que tengan por fin manifestaciones públicas de obstrucción de caminos urbanos, avenidas o rutas, conocidas como piquetes, que lleven o impulsen la presencia de menores de edad y adolescentes en todas las exposiciones”, establece el artículo 1 de dicho proyecto.
Asimismo, plantea como objetivo la protección del interés superior del niño y de los derechos, deberes y garantías constitucionales del niño, niña o adolescentes. La intención es que, de transformase en ley, sea aplicada en toda la provincia del Chaco.
El proyecto 2237.22 establece que será el Poder Ejecutivo Provincial, a través de las fuerzas de seguridad, el encargado “de verificar la presencia de los menores o adolescentes en las distintas manifestaciones públicas en forma de protestas llevadas a cabo por las distintas agrupaciones señaladas en el artículo 1° de la presente Ley”.
Una vez comprobado la presencia de menores o adolescentes en una agrupación manifestante, el Estado deberá citar inmediatamente al referente de la agrupación. Comunicar su situación y la prohibición de la presente Ley. Desafectar los beneficios o subsidios establecidos para los mismos de forma fehaciente e inhabilitar cualquier tipo de ayuda social – económica para las personas que integran el grupo afectado.
Con las sanciones impuestas, “el Estado deberá hacer un seguimiento a través del órgano que corresponda a las agrupaciones que infringieron esta norma, como así también a la familia de los menores o adolecentes que son objeto de manifestaciones u obstrucciones en la vía pública”.
En el caso de “Reincidencia”, el Gobierno del Chaco podrá constituirse como Querellante “para denunciar y garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes establecidos en Tratados Internacionales, que nuestra Constitución Nacional reconocen con jerarquía constitucional”.
El proyecto lleva la firma de la presidente de la Legislatura provincial Elida Cuesta y de los diputados Roberto Acosta, Doris Arkwright, Jessica Ayala, Paola Benítez, Débora Cardozo, Andrea Charole, Alicia Digiuni Azula y Gricelda Ojeda.
“Como podemos observar en muchas oportunidades, una de las consecuencias más graves en este tipo de manifestaciones deriva de la presencia de menores de 18 años en contextos con grandes riesgos para los mismos. A pesar de la legitimidad del reclamo que pudiera originar la manifestación, la exposición de los niños y niñas en escenarios que derivan muchas veces en episodios violentos, no debería suceder, por lo que creemos no debería estar permitido”, fundamentaron.