El Instituto de la Defensoría del Pueblo del Chaco, organismo de índole constitucional creado por ley n°: 4190 (actual 843-A); se declaró en estado de alerta máxima por emergencia salarial. Reclaman que el organismo sea reconocido como constitucional, lo que implicaría equiparación salarial de su personal, al resto de los organismos constitucionales del estado provincial.
Los trabajadores de la Defensoría del Pueblo, desde el año 2022, reclaman el reconocimiento, de su carácter constitucional, por parte del poder central. Dicho reconocimiento, se traduciría en la equiparación salarial de su personal al de organismos como el Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, y Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Denunciaron que actualmente perciben un 60 % menos de lo que corresponde a un organismo de jerarquía constitucional.
“Durante todo el año 2023, y mientras nuestros salarios se veían cada vez más enmagrecidos; hemos agotado todas las instancias administrativas pertinentes, y se han recurrido a medidas de fuerza extremas, tales como paro sin asistencia por tiempo indeterminado, sin ninguna respuesta de parte de las autoridades”, recordaron.
En este sentido, señalaron que en la actualidad “la situación se ha vuelto insostenible y desesperante, ya que los montos percibidos en las distintas jerarquías, no alcanzan a cubrir ni la mitad del valor de la canasta básica”.
Los trabajadores señalaron que debido “a la catastrófica situación económica y social, que enfrentamos como Nación, los reclamos sociales se han visto incrementados exponencialmente, en las diversas áreas de competencia, tales como: servicios públicos, salud, educación, discapacidad, área de asistencia social, entre otras cuestiones no menos importantes; viéndose así, incrementada la carga laboral, atento a la alta demanda de la sociedad”.
Vale recordar que en la Defensoría del Pueblo del Chaco, prestan servicios profesionales del derecho, asistencia social, Ciencias Económicas, entre otros y muchos de ellos, con formación de Grado y Posgrado. “Pero lamentablemente, no podemos precisar, hasta cuando continuaran en servicio, ya que el salario no condice, bajo ningún punto de vista, con el costo de vida actual”, señalaron y advirtieron que “esto pone en peligro, el funcionamiento institucional, ya que de no poder retenerlos, se afectaría a la ciudadanía de forma directa; y curiosamente, son quienes merecen un servicio de calidad”.
Muchos de quienes llevan adelante el reclamo, son inquilinos que deben enfrentar, aumentos exponenciales de alquileres, expensas, impuestos y gastos para subsistencia básica en general. Además, la gran mayoría, tiene cargas de familia, y algunos son progenitores de hijos/as, con algún tipo de discapacidad.-
Para dimensionar la problemática, denunciaron que en la actualidad cobran un 60% menos de lo que corresponde a un organismo de jerarquía constitucional. Con dicho monto, aseguran “es imposible, enfrentar el conjunto de gastos, arriba mencionados”.
Los trabajadores del organismo que conduce Bernardo Voloj advirtieron que de no recibir respuestas inmediatas por parte de las autoridades del poder central, suspenderán la prestación del servicio, y no descartan avanzar con acciones judiciales.
“Dichas acciones judiciales, supondrían mayores gastos al Estado, y no sería la mejor opción de resolución de este conflicto, ya que somos seres humanos, también con derechos, y debemos subsistir junto a nuestras familias, hasta tanto obtengamos una resolución judicial”, señalaron.
Recordaron que, en lo del año, realizaron nuevamente sendos reclamos administrativos, ante las oficinas del actual gobernador, Leandro Zdero, sin obtener respuestas hasta la actualidad. “Consideramos, que ya hemos sido lo suficientemente, pacientes y protocolarmente correctos, en las formas empleadas”, expresaron.
“Las necesidades humanas y de la niñez, no esperan. El salario tiene carácter alimentario, y es por ello, que estamos decididos a visibilizar, la actual situación institucional, solicitando así, al gobernador del chaco, la concesión de una audiencia urgente, para comenzar las tratativas tendientes a la resolución pacífica del presente”, concluyeron.