El gremio conducido por José Niz se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización. Consideran que la convocatoria del pasado 5 de febrero es una violación al Convenio Colectivo de Trabajo. Exigen convocatoria a paritarias.
El secretario general de UPCP, José Niz consideró que “la convocatoria efectuada el 5 de febrero, es una violación evidente y manifiesta de la ley de negociación colectiva y al Convenio Colectivo de Trabajo vigente desde el 29 de marzo de 2023”.
Asimismo, el Plenario Provincial de delegados, consideró que “a partir de ahora el Ejecutivo tiene totalmente vedada la posibilidad de definir unilateralmente el salario de los trabajadores del Escalafón General. Hoy las pautas salariales y las condiciones laborales y de empleo se deben tratar en un ámbito institucional de negociación colectiva, porque así lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo”.
Para UPCP “la imposición salarial en cuotas del 18% en febrero, 15% en marzo y 13% en abril es un insulto a los trabajadores, que contrasta con el Decreto 172/23 con el que los funcionarios se aumentaron un 180% sus salarios, en un único pago a partir del 1 de enero de 2024”.
“Evidentemente no hay austeridad para los funcionarios privilegiados, que se supone que son elegidos para servir al pueblo y no para servirse del pueblo incrementando sus bolsillos y aplicando ajustes a los que todos los días garantizamos a la ciudadanía la continuidad de los servicios públicos”, señalaron.
La inflación
Desde el sindicato de los empleados estatales recordaron que “la inflación del 2023 cerró en un 218.70% según informe INDEC para la Región Noreste y en el mes de diciembre, en la región NEA, la inflación ascendió a un 28.8% recayendo el mayor impacto en la canasta familiar. El poder adquisitivo de los salarios ha sido licuado frente al descontrol de los precios”.
Asimismo, remarcaron que “en el primer cuatrimestre de 2024, la inflación proyectada es del 83%, debiendo considerarse que en 2023 los salarios del Escalafón General, perdieron frente a la inflación en un 105%. El 70% de los trabajadores de planta permanente está por debajo de la línea de la pobreza y esta imposición salarial nos empuja a la indigencia, pero en peor situación se encuentra el personal transitorio y precarizado que suma a los bajos salarios la inestabilidad laboral”.
Decretos suspendidos -Violación del marco paritario
Además, en el comunicado de prensa difundido por UPCP, señalaron que “en un claro abuso de poder conferido por una parte del Pueblo del Chaco, el Poder Ejecutivo Provincial ha dictado el Decreto 13 y suspendió unilateral y arbitrariamente los Decretos que instrumentan los acuerdos paritarios suscriptos en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública, no han pagado las diferencias salariales correspondientes al corrimiento de dos grupos (Decreto 3639/23), las titularizaciones en cargos de Jefes de Departamento y Directores y tampoco se ha instrumentado la apertura de la mesa para definir la actualización salarial que corresponde por acuerdo paritario suscripto el 29 de noviembre de 2023”.
En este sentido, recordaron que “suspendieron las mejoras salariales para el Escalafón General, bonificaciones, el pago de horas extras, de los reajustes, pago de los aguinaldos mal liquidados, todos con la excusa de que no tienen presupuesto. No hay plata para los trabajadores, pero hay plata para los funcionarios que están disfrutando sus aumentos, frente a los trabajadores que no llegan a fin de mes y a los que someten a un ajuste bestial.
Estado de Alerta, Asamblea Permanente y Movilización
El Plenario Provincial de Delegados de UPCP analizó la imposición de una oferta salarial fuera del marco de negociación colectiva regulado por la Ley 1767-L, y consideraron que constituye una transgresión a los derechos adquiridos.
Por tal razón resolvió declarar estado de alerta, asamblea permanente y movilización a partir del 9 de febrero de 2024, con alcance a todos los trabajadores cualquiera sea la modalidad de vinculación con el Estado Provincial debiendo considerarse al efecto la plena vigencia de las Leyes 3946-A y 3947-A.
Los puntos de reclamo:
1.- Rechazo expreso y categórico a la imposición del aumento salarial en cuotas: 18% en febrero, 15% en marzo y 13% en abril de 2024, por ser insuficiente para la recuperación del poder adquisitivo del salario frente a la inflación y los aumentos de la canasta familiar.
2.- Urgente convocatoria de la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo y designación de los representantes del Poder Ejecutivo Provincial para dar continuidad al proceso de negociación colectiva vigente en la provincia del Chaco-Ley 1767-L conforme Ae E2-2023-25983Ae.
3.- Cumplimiento de cada uno los puntos pendientes específicamente individualizados en nota formal dirigida a la máxima autoridad provincial por Ae E2-2023-25983Ae.
4.- Cumplimiento efectivo del Decreto Nro. 3639/23 -Promoción automática de dos grupos- atento su naturaleza de instrumentación administrativa del Acuerdo Paritario Nro. 7 homologado por Resolución 1349/23 de la Dirección Provincial del Trabajo conforme Art. 12 y 19 de la Ley 1767-L.
5.- Urgente dictado del Decreto por el cual se establezca la continuidad de las vinculaciones encuadradas en las Leyes 3946-A y 3947-A, a fin de no afectar los derechos del personal contratado, jornalizados, convenios, programas y cualquier otra modalidad de vinculación con el Estado Provincial peticionado formalmente por Ae E2-2023-26205Ae.
6.- Reserva de cargos vacantes que se produzcan en la Administración Pública Provincial, entes descentralizados y autárquicos a fin de cumplimentar el proceso de regularización laboral regulado por la Ley 3946-A.
7.- Ejecución de los Decretos dictados que promueven de modo automático a directores y Jefes de Departamento subrogantes.
8.-Erradicación de la violencia laboral en las diferentes dependencias del Estado Provincial.
9.- Respeto a la carrera administrativa conforme con lo establecido en el Artículo 61 inciso 3 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública.