Por Karina Winckler -mamá de una víctima vial, profesional de la seguridad vial-
Nuevamente, vivimos días de dolor ante el intento de un nuevo juicio abreviado. Respetuosa como soy de las instituciones, no puedo quedarme silenciada ante el dolor de la mayor de las instituciones: la familia. Sí, la familia de las víctimas viales.
Entrar en la reflexión sobre el instituto del juicio abreviado en el contexto de los siniestros viales en Argentina nos lleva directo al corazón del conflicto entre la «eficacia procesal» del sistema judicial y el verdadero derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas y sus familias. El derecho penal no puede transformarse en una simple oficina de liquidación o conciliación cuando lo que está en juego es la vida y la integridad de las personas. La búsqueda de la verdad real debe primar siempre sobre la comodidad burocrática de los tribunales.
Para analizar este fenómeno con lupa técnica y sensibilidad humana, es necesario desarmar los tres nudos críticos donde la aplicación automática de esta herramienta procesal genera una profunda resistencia y un dolor revictimizante: La «invisibilización» de la víctima y la supresión de la escucha.
El juicio abreviado es, en esencia, un pacto cerrado entre el fiscal y el imputado, donde este último reconoce el hecho a cambio de una rebaja de la pena. En la práctica de la siniestralidad vial, esto significa que los familiares de la víctima quedan relegados a meros espectadores de un trámite administrativo entre paredes.
Se pierde así el espacio soberano del debate oral y público, que constituye el único momento donde una familia puede mirar a los ojos al responsable, expresar el impacto destructivo del hecho y ser escuchada por un tribunal. Al suprimir el debate, se suprime también la humanización del proceso. La justicia penal no es un algoritmo de resolución de causas; es un acto social de reparación que exige cuerpos, rostros y voces presentes.
El peligro de la «tarifación» del dolor y el costo de la especulación procesal
Cuando un siniestro vial -que destruye una vida debido a conductas de extrema negligencia, impericia o desprecio por la norma- se resuelve de manera exprés con una pena de ejecución condicional (en suspenso), el mensaje social es devastador.
Se corre el riesgo de mercantilizar la justicia: pareciera que el sistema penal busca «sacarse el expediente de encima» rápido para cumplir con las estadísticas de resolución de conflictos. Para la sociedad y los deudos, una condena baja y sin prisión efectiva se siente como una impunidad técnica. No hay una sanción que realmente refleje el valor de la vida humana truncada. El dolor no tiene tarifa, y cuando el sistema pretende licuar la gravedad de la pérdida para ahorrar recursos procesales, vacía de contenido el concepto mismo de justicia.
La pérdida del valor pedagógico y la urgencia de la Reforma del Código Penal
Prof. Karina Winckler, Miembro FICVI-Miembro Comité Consultivo-Agencia Nacional de Seguridad Vial Grupo 2-Técnicos y Empresarios en Seguridad Vial
Referente Ad Honorem Provincial Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales-Línea 149 opción 2-
Contacto: 3624734168
karinwinck@hotmail.com Chaco-Argentina