El Equipo Fiscal Nº 13 dio marcha atrás con el beneficio humanitario otorgado al imputado. La decisión se tomó luego de que la Defensoría de Víctimas presentara videos que lo exhibían participando en reuniones religiosas con terceros dentro de la vivienda.
El Equipo Fiscal Nº 13 dispuso la revocación inmediata de la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria que gozaba el imputado Héctor Machuca. A partir de esta nueva resolución judicial, las autoridades ordenaron que el procesado por abuso sexual y grooming sea alojado y continúe su detención formal en los calabozos de la Comisaría Segunda de Barranqueras.
Fuentes judiciales aclararon que la medida no implica una detención nueva ni una revocación de libertad, ya que el imputado transitaba el proceso penal bajo prisión preventiva efectiva. Desde la fiscalía aclararon que solo había recibido una autorización excepcional para cumplir la reclusión en su vivienda por razones humanitarias vinculadas estrictamente a su avanzada edad y a su estado de salud, bajo reglas de permanencia rigurosas.
La marcha atrás en el beneficio judicial se resolvió a partir de una serie de presentaciones formales impulsadas por la Defensora Pública de Víctimas. El organismo aportó pruebas contundentes al expediente, incluyendo imágenes de fotografía y videos, donde se observaría al imputado participando activamente de reuniones de contenido religioso dentro del inmueble fijado para la detención.
La resolución de la Fiscalía detalló las bases jurídicas del traslado basándose en los siguientes puntos:
Sin restricciones de culto: El dictamen aclaró que no se cuestiona la fe ni se busca limitar la libertad de culto del procesado.
Límites de la domiciliaria: La Justicia determinó que el beneficio habitacional no faculta al detenido a realizar actos de convocatoria social, exposición pública o reuniones recreativas con terceras personas.
Riesgo procesal: Los encuentros fueron calificados como conductas incompatibles con el perfil de un detenido.
Para el equipo de investigadores fiscales, las evidencias presentadas demostraron que el encierro domiciliario resultaba una herramienta insuficiente para neutralizar los riesgos de entorpecimiento de la causa. Asimismo, consideraron que el traslado a una dependencia policial es el único mecanismo apto para resguardar de forma efectiva los derechos y la integridad psicológica de las víctimas involucradas en el caso.