El 77% de los argentinos rechaza facilitar la venta de tierras a extranjeros, según Suban Córdoba

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El dato surge en pleno debate por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno. El tratamiento de la norma en el Senado fue postergado para el próximo 6 de agosto, en medio de fuertes críticas por la soberanía de los recursos.

Una reciente encuesta de alcance nacional realizada por la consultora Suban Córdoba reveló que el 77% de los argentinos está a favor de limitar la compra de tierras por parte de extranjeros, frente a un 16,7% que se muestra en desacuerdo y un 6,3% que no sabe. El estudio estadístico —desplegado entre el 16 y el 18 de julio sobre una base de 1.400 casos— expone un masivo consenso social que colisiona de forma directa con los planes de reforma económica del oficialismo.

El relevamiento coincide con la discusión del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada promovido por el Gobierno nacional, cuyo tratamiento en el Senado de la Nación fue postergado para el próximo martes 6 de agosto. El proyecto busca dar mayor seguridad jurídica y eliminar trabas regulatorias, pero despierta fuertes alertas en sectores opositores y movimientos sociales.

Los cuatro ejes polémicos del proyecto

La iniciativa legislativa propone modificaciones estructurales sobre el control del territorio nacional y los derechos de posesión, sintetizados en los siguientes puntos clave:

Extranjerización: Elimina por completo los topes y restricciones vigentes para que capitales extranjeros adquieran tierras rurales.

Expropiaciones: Complica los procesos legales para que el Estado pueda avanzar sobre bienes o terrenos privados con fines de utilidad pública.

Manejo del fuego: Deroga las prohibiciones para vender o cambiar el uso del suelo en terrenos que hayan sufrido incendios forestales.

Desalojos: Acelera los mecanismos de expulsión de inmuebles, lo que generó advertencias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) por el impacto potencial en barrios populares.

Mientras el oficialismo defiende la norma como una herramienta indispensable para atraer inversiones extranjeras y garantizar el derecho de propiedad, los informes técnicos de la oposición advierten que la desregulación fomenta la concentración de la tierra y afecta la soberanía de los recursos naturales estratégicos del país.

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