Los sindicatos que nuclean a los trabajadores judiciales se declararon en estado de alerta frente al Proyecto de Ley 2141/26. Solicitaron audiencias urgentes con el Fiscal de Estado, legisladores oficiales y colegios de abogados para defender la plena vigencia de la Ley de Porcentualidad Salarial.
La intergremial que contiene a la totalidad de los empleados, funcionarios y personal jerárquico de la administración de justicia de la provincia del Chaco unificó sus estrategias de resistencia institucional. En este sentido, difundieron un comunicado oficial dirigido a todos los trabajadores del sector para informar que se mantiene un estricto seguimiento sobre el Proyecto de Ley 2141/26, ratificando su enérgico rechazo a la iniciativa parlamentaria y exigiendo su inmediato pase a archivo definitivo.
El conflicto se centra en el intento de modificación de las estructuras de haberes del sector público judicial. Los sindicatos advierten que la propuesta en danza atenta de forma directa contra los derechos adquiridos y quiebra los mecanismos históricos de actualización, por lo que centraron su plan de acción en blindar la plena vigencia del sistema salarial tradicional establecido mediante la Ley 468-A (histórica Ley de Porcentualidad).
Ronda de audiencias de urgencia política
A pesar de que el polémico proyecto de ley aún no cuenta con una fecha de tratamiento fijada ni en las comisiones técnicas ni en el recinto de la Cámara de Diputados, la conducción intergremial activó una agenda de reuniones de alta densidad institucional para frenar cualquier intento de debate exprés:
• Asesoría legal del Estado: Se solicitó formalmente una audiencia con el Fiscal de Estado de la provincia y con la Asesora Legal de la Legislatura chaqueña para exponer los fundamentos jurídicos e inconstitucionales que presentaría la reforma.
• Abogados litigantes: Pidieron mesas de diálogo con las autoridades del Consejo y del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, buscando concientizar a los profesionales del derecho sobre el impacto negativo que la norma tendría en el normal funcionamiento del servicio de justicia.
• Bloque oficialista y Ejecutivo: Se gestionan encuentros directos con los diputados alineados con la gobernación y con funcionarios del gabinete de Leandro Zdero para alertar sobre la grave «crisis de institucionalidad» desatada a partir del ingreso de la iniciativa al Poder Legislativo.
Alerta activa y medidas de fuerza latentes
Desde la mesa de conducción sindical aclararon que el estado de deliberación es permanente y que no descartan el endurecimiento de la postura laboral si el oficialismo decide reactivar el expediente parlamentario de forma unilateral. “Estaremos informando de forma constante los pasos a seguir, así como las medidas de acción directa que se consideren oportunas”, advirtieron las conducciones, instando a las bases a mantenerse “unidas y firmes en la lucha”.
El crítico documento institucional y el plan de contingencia sectorial lleva el respaldo y la firma unificada de las principales expresiones gremiales de los tribunales chaqueños: el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCH); el Sindicato del Personal Jerárquico y Jerarquizados, Funcionarios del Poder Judicial y Juzgado Electoral de la Provincia del Chaco; y la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (UTJCH).