Tras una masiva Asamblea General Extraordinaria, los socios respaldaron las acciones legales de la Comisión Directiva. El director deportivo, Ariel Canizini, detalló en Radio Natagalá que se desconoció el comodato mediante carta documento al detectar que parte de las parcelas pertenecen al Tiro Federal. Decidieron, de forma unánime, mantener las prestaciones para la comunidad universitaria.
El litigio institucional y territorial entre el Club de la Universidad del Nordeste (CUNE) y la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) ingresó en un escenario de extrema tensión legal tras las conclusiones expuestas en la última Asamblea General Extraordinaria de socios. El director deportivo del club, Ariel Canizini, dio a conocer las medidas resueltas de forma unánime por la masa societaria frente a la intimación de desalojo dictada por el Consejo Superior universitario. La estrategia de defensa de la entidad civil dio un giro sustancial al denunciar formalmente que la UNNE carece de los títulos de propiedad legítimos sobre el valioso predio de la avenida Castelli al 1000.
Durante la asamblea, la Comisión Directiva llevó tranquilidad a los asociados al informar que los equipos jurídicos ya desplegaron una serie de contraofensivas administrativas. En esa línea, el club remitió una carta documento formal al rectorado de la UNNE notificando que el CUNE desconoce y declara inválido el contrato de comodato previo, fundamentando que la universidad firmó un convenio cediendo el uso de fracciones de tierra de las cuales nunca ostentó la titularidad real.
El descubrimiento registral en Catastro
La investigación impulsada por los asesores legales y técnicos del club —que requirió la contratación de un agrimensor para realizar una mensura georreferenciada completa— arrojó anomalías estructurales en el plano registral:
• Sin títulos oficiales: Los informes solicitados ante la Dirección de Catastro provincial ratificaron que la UNNE no posee el dominio inscripto a su nombre del total de las hectáreas en disputa.
• La parcela del Tiro Federal: Se constató que una franja clave de 60 metros de ancho por la calle Franklin —que se extiende desde la calle Triunvirato (calle 4) hasta las Heras e impacta directamente en el límite de la cancha de hockey— no es propiedad universitaria. Esa parcela pertenece históricamente al Tiro Federal General Manuel Belgrano.
• Instalaciones comprometidas: Los peritajes demostraron que en dicho sector ajeno a la UNNE se encuentran edificados actualmente la biblioteca y parte de los comedores universitarios.
Ante este vacío legal, las autoridades de la institución deportiva iniciaron formalmente los trámites correspondientes en Catastro para lograr que los terrenos pasen a nombre del CUNE, restringiendo de momento el reclamo territorial propio hasta el límite donde finaliza la cancha de tenis.
Corte de diálogo y unánime respaldo social
El director deportivo desmintió de forma tajante las versiones emitidas desde los despachos de la universidad que aludían a la existencia de instancias previas de diálogo formal. Canizini aclaró que no existió ninguna reunión presencial entre las conducciones y que solo se registró un contacto telefónico breve y unidireccional por parte del vicerrector hacia el presidente del club, el cual naufragó ante la falta de voluntad de las autoridades de la UNNE por abrir una mesa de negociación concertada.
Frente a este escenario, los socios de la institución de la capital chaqueña votaron y aprobaron por unanimidad dos mociones críticas de cara al futuro inmediato: 1. Otorgar plenos poderes institucionales a la Comisión Directiva para entablar las demandas civiles y recursos de amparo necesarios para garantizar el arraigo de las instalaciones. Y 2. A pesar del conflicto, la Asamblea ratificó de forma unánime que se continuarán prestando todos los servicios deportivos y recreativos a los estudiantes, docentes y nodocentes de la UNNE.
«Los alumnos y los profesores no tienen la culpa de esto», sentenció Canizini en contacto con radio Natagalá remarcando que el CUNE mantendrá sus puertas abiertas como un pilar de contención social y comunitaria mientras la disputa por el histórico predio fundado en 1968 se dirime en los estrados judiciales provinciales.