El Proyecto de Ley N.º 2679/26 tiene por objeto prevenir situaciones de maltrato, abuso, abandono y negligencia, incorporando herramientas tecnológicas, controles y mecanismos de denuncia, sin descuidar la privacidad y la dignidad de los residentes.
El diputado provincial Dr. Carlos Salom presentó este miércoles en la legislatura provincial un proyecto de ley que propone implementar un sistema integral de vigilancia, seguridad y protección de derechos en establecimientos destinados al cuidado de personas adultas mayores, tanto públicas como privadas y de gestión mixta.
La propuesta surge de la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y control en los establecimientos donde viven personas mayores, garantizando que reciban una atención segura, digna y respetuosa de sus derechos.
El objetivo fundamental es que las familias tengan mayor tranquilidad y que los adultos mayores cuenten con herramientas concretas de protección frente a posibles situaciones de violencia, maltrato, abuso o abandono.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la instalación obligatoria de sistemas de videovigilancia con registro de imágenes y sonidos en espacios comunes, accesos y sectores de recepción de las residencias.
Sin embargo, el proyecto establece límites precisos para proteger la intimidad de las personas. En este sentido, se prohíbe la instalación de cámaras en baños, vestuarios y otros espacios privados. En las habitaciones, su utilización estará permitida únicamente bajo condiciones específicas y con el consentimiento correspondiente.
Otro punto importante es la conservación de las grabaciones durante un plazo mínimo de 48 horas, con medidas de seguridad que impidan su manipulación, difusión o utilización indebida. Los registros podrán servir como elementos de prueba ante denuncias o investigaciones relacionadas con posibles vulneraciones de derechos.
Como puntos destacados el proyecto destaca:
• Protocolos obligatorios de actuación frente a situaciones de violencia, maltrato, negligencia, accidentes o emergencias.
• Capacitación periódica del personal en derechos de las personas mayores, prevención del maltrato, privacidad y utilización responsable de los sistemas de vigilancia.
• Mecanismos de denuncia gratuitos, accesibles y confidenciales, para que residentes, familiares y trabajadores puedan informar posibles irregularidades.
• Inspecciones y controles por parte de la autoridad competente para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad.
• Participación de los propios residentes y sus familias en las decisiones relacionadas con su seguridad y en la evaluación de las condiciones de convivencia.
• Sanciones para los establecimientos que incumplan la normativa, que podrán ir desde apercibimientos y multas hasta la suspensión o clausura, según la gravedad de las infracciones.
“La iniciativa no se limita a incorporar cámaras o controles”, aclaró el autor de proyecto. También pone especial atención en la autonomía, la privacidad y el derecho de las personas mayores a participar de las decisiones que afectan su vida cotidiana.
En ese sentido, el proyecto establece que las herramientas de vigilancia deberán utilizarse exclusivamente con fines de prevención y protección, evitando cualquier forma de control abusivo o restricción injustificada de los derechos de los residentes.
A su vez, contempla la designación de responsables institucionales de seguridad y protección de derechos, encargados de supervisar el funcionamiento de los sistemas, registrar incidentes y coordinar las acciones correspondientes.
El desafío es que cada adulto mayor que viva en una residencia pueda hacerlo con tranquilidad, respeto y dignidad, y que sus familiares tengan la certeza de que existen mecanismos de prevención, control y respuesta ante cualquier irregularidad.
El proyecto deberá atravesar el correspondiente tratamiento legislativo y apunta a establecer un marco provincial que fortalezca la protección de uno de los sectores que más atención y acompañamiento necesita.