El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco, a instancia del Instituto de Géneros, manifiesto su acompañamiento a los familiares, amistades y allegados a Cecilia Strzyzowski. Además, manifestaron su repudio por el hecho y pidieron celeridad en la investigación y el esclarecimiento del hecho.
“Repudiamos y expresamos nuestra preocupación ante los hechos de público conocimiento en relación a la desaparición de Cecilia, exhortando a los órganos estatales competentes a la investigación y esclarecimiento de estos graves hechos con la debida celeridad, respetando las garantías constitucionales del proceso, a fin de salvaguardar los derechos humanos y vivir una vida libre de violencias”, expresaron mediante un comunicado de prensa desde la institución que preside Ricardo Urturi.
En este sentido, remarcaron “el caso particular repercute por el protagonismo social de los implicados y visibiliza casos de violencias ejercidas contra las mujeres que no fueron ni pudieron ser escuchadas, y que en muchas veces llegaron a concretarse femicidios, evidenciando de esta forma, las violencias por razones de género ejercidas o atenuadas también desde el propio Estado y no sólo por los autores materiales”.
Desde el Consejo de Abogado y Procuradores solicitaron al Estado que se profundicen acciones de promoción y prevención en derechos humanos de mujeres, géneros y disidencias. De esta manera, entienden, se evitarían “más femicidios en nuestra provincia, cuyas cifras son alarmantes y van en aumento: desde el inicio del año 2023 en la provincia del Chaco se cometieron seis femicidios, de los cuales cuatro se produjeron en la ciudad de Resistencia en un lapso de cuarenta días, sumado ahora, la desaparición de Cecilia Strzyzowski”.
Además, recomendaron a los comunicadores sociales “a observar las buenas prácticas cuando se expone este tipo de casos y situaciones, a cuidar el tratamiento y la difusión de la información con la gran responsabilidad de no reforzar estereotipos o prejuzgamientos que refuercen o recrudezcan las situaciones de violencia y discriminación que sufren las mujeres, poniendo el foco de atención en el proceso y los inculpados”.
“Toda privación de vida humana es un atentado contra la comunidad que exige una proporcional reacción del Estado, instituido con el fin de proteger los bienes esenciales de las personas y de suprimir cualquier recurso a la violencia entre las personas. Pero además, en este caso en particular, la desaparición se investiga bajo presunción de femicidio y se plantea en un contexto de fuerte sospecha de vinculación con el poder político por las personas y el entorno en que se produjo”, reflexionaron.
En este sentido, consideraron que “esas son razones de peso que deben llevar a extremar las medidas, la responsabilidad y la eficacia de la acción estatal para que este hecho de gravedad institucional se investigue con la máxima transparencia, sin dejar dudas a la sociedad chaqueña de que aplicamos el Derecho y buscamos la justicia sin importar cuánto poder o relaciones tienen los presuntos autores de las infracciones”.