Se trata del proyecto de Ley 3000/2022, presentando por la presidente de la Legislatura provincial, Elida Cuesta y que propone crear el registro de obstructores en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia, u organismo que lo reemplace. Para los abogados, el proyecto perjudica a las familias protectoras, porque son las que mayormente denuncian la violencia familiar y de género y las que están a cargo de NNA, enfrentando procesos contra progenitores violentos y/o abusadores.
Dicho registro, según propone Cuesta, tendrá como funciones: llevar el asiento actualizado de las incursas en obstrucción de vínculos familiares, proceder a la inscripción de estas, publicar mensualmente en sitio web oficial el listado de obstructores familiares y expedir certificados de inclusión o de no inclusión en el registro.
“La idea surge como consecuencia del pedido de Infancia Compartida, organización que brega por los derechos de niñas, niños y adolescentes con el fin de que desarrollen un sano vínculo con sus progenitores, cuidadores y sus familias extendidas”, manifestó la legisladora.
Asimismo, la titular legislativa remarcó que la iniciativa apunta al resguardo psicoafectivo de los menores de edad que se encuentran en situaciones de conflicto entre los progenitores. “Tenemos la convicción de cuidar los vínculos de los menores de edad para que puedan disfrutar de una crianza cariñosa y libre de violencia en sus familias”, aseguró.
Por su parte, desde el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco manifestaron su preocupación por dicho proyecto. “Este proyecto de ley pretende perjudicar la situación de los/as progenitores que tienen bajo su cuidado a niños, niñas y adolescentes cuyo vínculo con sus otros/as progenitores pudo haberse interrumpido debido a denuncias o sospechas de violencias y abusos, yendo en consecuencia contra el principio fundamental de proteger prioritariamente el interés de niños, niñas y adolescentes (NNA)”, señalaron.
Para la institución que conduce Ricardo Urturi “es un proyecto de ley que pone la prioridad en aquellos/a progenitores que están denunciados por violencia y abusos contra los niños, las niñas y adolescentes, definiendo como obstructores a padres y madres que piden judicialmente restricciones al contacto y la comunicación para protegerlos/as, siendo casos en donde no se puede decir irresponsablemente que sean todas denuncias falsas”.
En este sentido, consideraron que la iniciativa “agrava de esta manera la situación de quienes muchas veces enfrentan en soledad el cuidado de niños, niñas y adolescentes, sin aportar ninguna solución o mejora para su bienestar individual, ya que llevará en los hechos a que la persona que en ejercicio de los cuidados personales cohabita con esos/as NNA pueda perder su empleo y/o no acceder a una vivienda, o quedar fuera del sistema crediticio”.
“Es un proyecto de ley que perjudica a las familias protectoras, porque son las que mayormente denuncian la violencia familiar y de género y las que están a cargo de NNA, enfrentando procesos contra progenitores violentos y/o abusadores, que lejos de asumir las consecuencias de sus propios actos las externalizan. Es un proyecto de ley que no aporta una solución pensada en el interés superior de NNA”, insisiteron.
Asimismo, remarcaron que “es deber de quienes ejercemos la abogacía priorizar el respeto por las personas en situaciones de vulnerabilidad y los principios y valores éticos especialmente en cuestiones de infancias y familias en su gran diversidad y nuestro esfuerzo debe estar encaminado para la mejor resolución de cada caso sin perder de vista lo esencial que son los superiores intereses de NNA”.
Desde el Consejo de Abogados aseguraron que su “opinión se sustenta en la intervención previa del Instituto de Derecho de las Familias y Sucesiones que está compuesto por abogadas y abogados asociadas/os a nuestra institución y que se han especializado en la materia y trabajan profesionalmente en el fuero de niñez, adolescencia y familia, sin improvisación ni oportunismos”.
Por último, rechazaron “las falaces descalificaciones que se vierten para sostener la defensa de una de las partes que participan en estos graves y dolorosos conflictos intrafamiliares, agrediendo irresponsablemente a profesionales de la abogacía que trabajan con probidad y compromiso con los dramas humanos que intentan encausar en el ámbito pacificador y protector del sistema judicial”.