Mediante un comunicado de prensa difundido este jueves, el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco a instancia del Instituto de Géneros, manifestó su repudio a las declaraciones de la diputada provincial Claudia Panzardi, y llamó a la reflexión sobre tal situación respecto el femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Para el Consejo que nuclea a profesionales del derecho, la legisladora desmostró “absoluto desconocimiento en materia de violencias, en las cuestiones de géneros”. Asimismo, cuestionó el “cruento e inaceptable el uso político que se hace de ello”.
“El femicidio de Cecilia Stryzowsli conmocionó a la sociedad chaqueña y a todo el país, por las características del mismo y porque los imputados son dirigentes políticos – sociales, pre-candidatos en una de las listas en las elecciones P.A.S.O. que se realizaron el pasado 18 de junio, por lo que consideramos que la utilización partidaria de un femicidio a favor o en contra de cualquiera de los/as candidatos/as y/o espacios políticos es insultante para la víctima y sus afectos, tanto como degradante de los valores democráticos”, reza el comunicado.
Asimismo, explicaron que “desde una perspectiva comunicacional siempre es recomendable anteponer la condición de personas y evitar hacer referencia a la persona como víctima y/o adjetivar su individualidad. Se sugiere no usar adjetivos cuando se trata un caso de violencias por motivos de género, es decir, evitar valoraciones que podrían afectar particularmente la subjetividad de la persona que está en dicha situación frente a hechos de tanta sensibilidad. (CEDAW, artículo 5, inciso a, y concordantes del sistema proteccional a mujeres, géneros)”.
El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco recordó que en lo que va del año 2023, en Chaco se cometieron seis femicidios,” lo que demuestra el aumento de la violencia en forma alarmante y la preocupante situación en esta materia en la provincia”.
Por esta situación, desde la institución que preside Ricardo Urturi considera que resulta “imperioso destinar los recursos presupuestarios necesarios a fin de una efectiva implementación de políticas que establezcan un sistema de protección integral para las mujeres en materia de violencias, como también reforzar las capacitaciones referidas a la Ley Micaela para toda la administración pública en general, pero en particular para los candidatos/as a cargos públicos”.