Desde la Federación Argentina de Transporte de Pasajeros (FATAP) plantearon la crítica situación del sector, la cual se ha agravado en el primer trimestre del corriente año. “De continuar el actual estado de cosas, será imposible evitar restricciones, suspensiones y cancelación de los servicios” señalaron.
A través de un comunicado, la entidad que agrupa a empresarios del transporte automotor de pasajeros del interior planteó la situación que padecen hace años “con una conjunción de factores que impactan negativamente en el equilibrio económico financiero de los servicios, generando a las prestadoras descapitalización, endeudamiento, generación de contingencias de toda naturaleza y la total incapacidad de proyectar escenarios de inversión y crecimiento”.
En ese sentido señalaron que las compañías que prestan el servicio público de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos están hoy condenadas a la subsistencia limítrofe con el quebranto, y refieren que durante los largos años de pandemia, el sector no fue incluido en ninguno de los programas de ayuda implementados por el Estado Nacional a pesar de que este mismo lo incluyó en el listado de servicios esenciales.
Por otra parte, reclamaron que hasta la fecha “el Estado Nacional adeuda al sector $4.430 millones de pesos de los $9.600 millones asignados por medio del ya insuficiente Fondo Compensador del Transporte”. A ello, desde FATAP también manifestaron que no se ha contemplado el proceso inflacionario en las tarifas establecidas tanto por los estados provinciales y/o municipales.
“Existen también numerosas provincias de la Argentina cuyos gobiernos no atinan a generar los recursos necesarios para sostener los servicios públicos que por sus ordenamientos constitucionales y legales tienen la obligación de sostener, además de incumplir sistemáticamente los convenios firmados con el Estado Nacional que los obligan a aportar los fondos necesarios a aquellos fines”, adujeron.
En ese contexto, las empresas del sector afrontan incrementos en el valor por litro de gasoil, además de serios problemas para obtener el normal abastecimiento de ese insumo esencial y de alta rotación para la actividad.
Así, para el período diciembre 2021 – marzo 2022 se verificó un incremento acumulado de entre el 34% y el 52% según el tipo de combustible, que lleva a las prestadoras tener que abonar un precio que supera en un 10% aquel al que las estaciones de servicios venden al público y supuso para las prestadoras del Interior del país un impacto en sus costos de $1.486.080.000 sin compensación de ninguna especie.
Todo ello en momentos en que se encuentra abierta la negociación paritaria del sector, ámbito en el cual dichas compañías han expresado la imposibilidad de atender los legítimos reclamos de sus trabajadores a causa de la situación descripta, lo que hace prever un foco de conflicto adicional y sin solución en el corto plazo.
En resumen formularon una serie de medidas urgentes y concretas hacia las autoridades nacionales, provinciales y municipales:
a) El inmediato pago de las cuotas de los meses de febrero y marzo ya devengados correspondientes al Fondo Compensador del Transporte;
b) Que se abonen los fondos liquidados pero no transferidos de la Resolución N°224/21;
c) Que, en relación al precio del gas oil, se retrotraigan los mismos al valor mayorista, se rehabiliten las condiciones de descuentos y se otorguen los cupos vigentes al 1/01/2022;
d) Que se dispongan asistencias suplementarias para atender el incremento del costo del gas oil hasta que lo solicitado encuentre respuesta favorable;
e) Que la Secretaría de Transporte dicte sin más demoras la resolución que dote al sector de previsibilidad presupuestaria para el año 2022 respecto de los aportes nacionales al sector, indicándose claramente en la norma la proporción que como mínimo las jurisdicciones deberán aportar en relación a los desembolsos que efectúe el estado nacional;
f) Que, a efectos de afrontar el eventual acuerdo salarial, se dote al sector, mediante una resolución que así lo disponga, de los fondos nacionales y provinciales necesarios para atender los mayores costos que ello irrogue.
Por último, los empresarios destacaron que de no obtener respuestas será imposible de evitar que las prestadoras racionalicen sus insumos y recursos, adaptando la oferta de servicios a los que dispongan, con el fin de evitar, en lo inmediato, la paralización de la actividad y la pérdida de fuentes y puestos de trabajo a lo largo y ancho del País.