El pedido parte del Comité contra la Tortura del Chaco en base a medidas que habían sido adoptadas en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio ante las restricciones de las visitas. Desde el organismo, sostienen que el teléfono móvil es un instrumento para acceder a derechos, como el de la comunicación, a la información o la educación.
“Proponemos, entonces, que la Provincia del Chaco sea un ejemplo a nivel país en algo que sucederá más pronto que tarde”, proyectó el vicepresidente del Comité contra la Tortura, Kevin Nielsen.
En una publicación del organismo, indican las recomendaciones de organismos Nacionales e Internacionales en materia de Derechos Humanos, mediante las cuales se habilitó por primera vez el uso de teléfonos celulares como medida excepcional mientras perdurare dicha restricción.
“En el marco del plan de desescalada, las visitas están volviendo paulatinamente tanto en la órbita de las comisarías como del Servicio Penitenciario. Desde el Comité para la Prevención de la Tortura, atendiendo este escenario y a la experiencia que arrojó el uso de celulares por parte de las personas detenidas, se trabajó en la Recomendación al Estado para la «Regulación Definitiva de Uso de Dispositivos Móviles Inteligentes por parte de las Personas Privadas de Libertad en la Provincia del Chaco«.
Así rompiendo prejuicios y adentrándose desde la perspectiva de los Derechos Humanos, Nielsen explicó los beneficios que traería la aplicación de estas recomendaciones: “Nos referimos a regulación definitiva, ya que hasta el momento el uso de celulares se habilitó excepcionalmente como medida compensatoria ante la restricción de visitas en las distintas provincias, circunstancia que se está normalizando paulatinamente”.
“Creemos que estamos en condiciones de ser pioneros en avanzar hacia la legalización definitiva de la herramienta de los celulares como un derecho por parte de las personas privadas de libertad. Es decir, que no sea solo una medida compensatoria, sino que se convierta en un derecho autónomo y complementario al de las visitas de familiares y allegados. Cuando decimos “derecho” lo decimos en términos figurados, porque el uso de celulares en realidad no es un derecho en sí, sino un instrumento para acceder a derechos, como el derecho a la comunicación, a la información, a la educación, derechos culturales, acceso a la justicia, entre otros que no están- o no debieran estar- restringidos por el encierro”, precisó.
Respecto de la experiencia con el uso de celulares inteligentes en los contextos de encierro de Chaco durante la pandemia, Nielsen destacó que “no generó ningún inconveniente de los que se mencionaron, históricamente y sin base empírica, para negar este derecho. En varias provincias se generaron motines violentos con resultados letales producto del aislamiento total que significó la restricción de visitas”.
«Además de permitir compensar esa restricción, los celulares fueron clave para mantener a las personas privadas de libertad informadas acerca de la pandemia, las medidas sanitarias, los beneficios de la vacunación y, en definitiva, todo lo que hace al derecho a la información».
Asimismo, contó que «hoy en día, ante la paulatina habilitación de visitas, desde el Servicio Penitenciario se ha interrumpido el ingreso de nuevos dispositivos. La situación está dada para avanzar hacia una regulación definitiva del uso de teléfonos que contemple el cómo, cuándo, de qué manera, y también, cómo proceder ante el mal uso, situación imposible desde la marginalidad y la ilegalidad que siempre caracterizó a estos dispositivos. Por eso hablamos de regulación, porque el fenómeno ya existe y la decisión que debe tomar el estado es el de volver a la marginalidad o regularlo definitivamente».
«En esa línea, emitimos una recomendación genérica a las autoridades para iniciar un proceso dialogado y estudiado, encarado desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, la Defensa Pública y otros actores y a través de una mesa técnica, cuyo resultado se pueda plasmar en una Resolución o, en el mejor de los casos, en un proyecto de Ley. Pero además de ello, invitar a diputadas y diputados a interiorizarse en la temática y a plantear inclusive sus propios proyectos», invitó.
El derecho a la comunicación en un proceso de reinserción social
Los expertos plantean que ya es difícil pensar en la reinserción en un ambiente tan artificial y distinto al medio libre como son cárceles, de ahí la tendencia a las “cárceles pueblo”, donde se emula la vida en libertad permitiendo oficios, intercambios comerciales, entre otras cosas, y que dan resultados altamente positivos en términos de reincidencia. Pensar en la prohibición de uso de celulares y otras herramientas tecnológicas hoy día es una concepción desfasada.
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de Naciones Unidas, conocidas como Reglas Mandela, ya en la década del ‘50 hablaban sobre el acceso a periódicos y otras formas de contacto con el medio libre. Hoy en día, una reinterpretación adecuada de dichas Reglas (que se actualizaron en el año 2015) implica el uso de celulares inteligentes. Esta es la posición técnico-política que asumimos desde el Comité y lo fundamentamos en el documento.
Otra faceta es el afianzamiento de los vínculos familiares, factor clave en el proceso de reinserción social. En los monitoreos que realizamos que no es nada inusual ver a los detenidos hablar, hacer videollamadas o intercambiar mensajes con sus hijos, madres, hermanos… una realidad que contrasta notoriamente con el prejuicio social que se tiene sobre el uso que le dan las personas privadas de libertad a la herramienta. Esta es una experiencia novedosa que, si avanza en su consolidación, en años tal vez se podrá analizar cómo impactará en una mayor reinserción al medio libre con apoyo familiar y comunitario.
Los beneficios del uso de la tecnología
Durante la vigencia del aislamiento en la Provincia se interrumpió la presencia de docentes en los contextos de encierro. A raíz de esto, desde el programa de Educación en Contextos de Encierro del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, se realizó un programa radial llamado «La Ventana» que intentó continuar con las trayectorias educativas.
Pensar en un proceso de reintegración social es precisamente esto: eliminar los muros simbólicos que separan a los privados de libertad de la comunidad. La persona sigue estando privada de libertad, sigue siendo una pena, y como tal sigue siendo aflictiva, pero durante el transcurso de su pena debe facilitárseles las herramientas para que se reintegren a la vida en sociedad.
Esta es la única forma de lograr el fin constitucional de las penas, es decir, que sean una sanción, pero que a su vez se acerquen, aunque más no sea un poco, a la finalidad proclamada en la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos producto del consenso de los estudios criminológicos y penitenciarios a nivel mundial.