Los gremios que conforman la Intergremial Judicial del Chaco convocaron a un paro general de actividades para el miércoles 1 y el viernes 3 de noviembre ante la suspensión de la Mesa Técnica. Los consejos, colegios y asociaciones de abogados manifestaron su adhesión a la medida de fuerza de los trabajadores, aunque cuestionaron la inacción de Capitanich “que no responde no nos pueden colocar en el abismo de quedarnos sin acceso a la justicia”.
El Intergremial judicial compuesta por el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, Sindicato de Empleados Jerárquicos y Jerarquizados del Poder Judicial del Chaco y la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco resolvieron convocar a un Par General de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo, para los días miércoles 1 y viernes 3 de noviembre. La medida comprende a todo el personal del poder Judicial, del Tribunal Electoral y Consejo de la Magistratura de la Provincia.
Entre los argumentos de la medida de fuerza, señalan “el incumplimiento de parte del Ejecutivo Provincial, al no haber fijado fecha cierta, conforme compromiso celebrado en la Reunión de fecha 19/09/23 y haber suspendido el avance de la Mesa Técnica creada por Ley 3424 A, dejando como consecuencia sin respuestas a las solicitudes de la Intergremial Judicial con respecto a reducción de los plazos del cálculo del Ajuste por Revisión cada tres meses y a la concreción, mediante el análisis y evaluación del inicio de la implementación de la media nacional conforme promedio salarios de los Jueces de las provincias del País tal como surge de la Ley Nº 3424-A y su modificatoria y de los acuerdos respectivos que fueron firmados en las mesas salariales”.
Abogados cuestionan la inacción del ejecutivo y advierten “peligrosa situación de privación de justicia”
Los Colegios, Asociación y Consejo de Abogados y Procuradores de la Provincia del Chaco se manifestaron en contra del paro de actividades anunciada por las asociaciones sindicales de trabajadores judiciales.
Si bien señalaron que adhieren al reclamo de justa recomposición salarial, cuestionaron “que la moneda de ajuste del silencio inadmisible del Ejecutivo en funciones seamos los profesionales de la abogacía y las personas que esperan de la actuación del Poder Judicial en sus procesos judiciales ya paralizados”. “La semana que corre tiene un día inhábil y ahora dos que serán de huelga, lo cual nos deja en una irracional y peligrosa situación de privación de justicia”, advirtieron.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados señalaron que “los justos reclamos de un sector y la inacción de un Gobernador que no responde no nos pueden colocar en el abismo de quedarnos sin acceso a la justicia y en el agravamiento de la mora judicial que ya se siente”.
En este sentido, aclararon que “si las asociaciones de trabajadores judiciales velan por los derechos colectivos de ese sector de trabajadores, a nosotros nos corresponde hacer oír la voz de los abogados y de los justiciables, todos igualmente argentinos y argentinas que sufren las consecuencias de la crisis económica y social que nos perjudica por igual”.
“Por todo ello convocamos a todas las partes a actuar con racionalidad: en primer lugar al Gobernador en funciones a quien le corresponde responder el pedido de convocatoria a la Mesa Técnica constituida por la Ley 3424-A, pronunciándose en su caso por la negativa expresa a efectos de que todos sepamos que ya debemos esperar a que asuma el gobernador electo para que se abra una nueva instancia de negociación salarial. En segundo lugar a las asociaciones sindicales para que no agraven el problema social que ya padecemos quienes dependemos de la actividad judicial para percibir nuestros honorarios que equivalen a nuestras remuneraciones no garantizadas mensualmente, como los justiciables que esperan la resolución de sus planteos y conflictos; actuar con racionalidad significa no provocar la paralización del servicio de justicia, dado que esa medida en nada perjudica al Poder Ejecutivo y por tanto en nada habrá de motivarlo a actuar de otra manera, solo nos perjudica a los profesionales de la abogacía y a los justiciables. En tercer lugar instamos al Superior Tribunal de Justicia a tomar las medidas que sean necesarias para garantizar el servicio de justicia ante los paros convocados en circunstancias que entendemos no son admisibles, disponiendo los descuentos salariales que corresponden”, propusieron.
Por último, propusieron, para el caso de persistir el silencio del Gobernador en funciones, que las partes interesadas a consideren una reunión con el Gobernador electo, “asumiendo que la negociación salarial deberá diferirse hasta el momento en que éste asuma, debiendo garantizarse hasta entonces la continuidad y regularidad de la esencial función judicial”.