El PreDeLu viene a refuncionalizar una oficina que existía en la administración pública provincial y que se dedicaba a la recepción y seguimiento de casos de agentes de diferentes ministerios. “Este proyecto busca que los trabajadores de la administración pública provincia puedan tratarse en cuestiones de consumos problemáticos con un seguimiento muy ordenado, con cobertura especial para que no terminen perdiendo su trabajo por desconocimiento de la autoridad que no sabe que está sufriendo la persona”, explicó Nicolás Slimel, uno de los autores del proyecto.
Entre los fundamentos, los autores de la iniciativa parlamentaria destacan que este proyecto surge como respuesta a la solicitud formulada por la Lic. Andrea Susana Dell Oste, quien desempeñó un papel fundamental al liderar el «Área Social», dependiente del entonces Ministerio de Infraestructura desde el año 2017. “A pesar de que esta área fue dejada sin efecto posteriormente debido a consideraciones sobre su pertinencia en el actual Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, no podemos pasar por alto que su funcionamiento como «prueba piloto» fue altamente exitoso, como lo atestiguan numerosas familias y empleados/as agradecidos por su labor”, señalaron.
El diputado Slimel recordó que con esa oficina, más de 200 personas con consumos problemáticos fueron rehabilitadas. “El funcionamiento era muy importante y no tenía que terminarse, sino todo lo contrario, generarse una política de estado entendiendo que es un flagelo social que nos afecta de manera transversal a todos los ámbitos de la sociedad y que tenemos que combatirlos entre todos”.
Según el proyecto de Ley 2237/2023, cuyos autores son los diputados Teresa Cubells, Mariela Quiros y Nicolás Slimel, el PreDeLu (Programa Provincial de Prevención, Detección y Lucha contra los Consumos Problemáticos en el Empleo Público) funcionará incorporado a la estructura de la Secretaría General de Gobernación conforme a las competencias atribuidas como Órgano Rector del Sistema de Recursos Humanos.
El objetivo general del Programa es el desarrollo de una política pública del Estado provincial para la prevención, detección, concientización y acompañamiento en el abordaje y tratamiento de consumos problemáticos para todo el personal que preste servicios en las jurisdicciones pertenecientes al Poder Ejecutivo, ya sea bajo un vínculo de planta permanente o transitoria.
El requerimiento para formar parte del programa podrá ser formulado por el personal afectado por consumos problemáticos, ya sea en forma personal y/o indirectamente desde su entorno familiar conviviente.
En el proyecto además, se garantiza “la confidencialidad de toda la información a la que acceda en lo que se refiere a los problemas relacionados con consumos problemáticos, de salud física y/o familiar. Cualquier excepción jurídica y/o ética profesional al principio de confidencialidad deberá ser comunicada en el primer contacto con el/la agente”.
Por otra parte, aclaran que el Programa no brindará de manera directa ningún tratamiento y/o ejercicio profesional médico. Sus competencias se limitan exclusivamente a la prevención y sensibilización en la temática, orientación e intermediación gratuita en relación a: Los Organismos competentes provinciales y/o nacionales. Centros especializados, Centros de Salud Mental, Centros específicos de tratamiento de Adicciones, Centros Públicos de Atención y/o similares habilitados. Profesionales de la salud.
La propuesta señala que mediante convenios con cualquiera de los entes integrantes del Sector Público Provincial, se podrá ampliar el alcance del Programa PreDeLu para incluir al personal de planta permanente o transitoria de Entidades descentralizadas y/o autárquicas, Entidades con regímenes institucionales especiales, Empresas y Sociedades, así como también a aquellas personas que tengan relación con el Sector Público provincial a través de becas y/o programas específicos.
Además, la iniciativa legislativa establece que el Poder Ejecutivo provincial deberá, en un plazo máximo de 45 días, instituir la estructura necesaria utilizando personal existente de planta permanente o transitoria, con la experiencia requerida para esta función.
La estructura mínima deberá estar compuesta por: Un/a coordinador/a del Programa. Cuatro auxiliares administrativos.
En este sentido y con el fin de cumplir con esta previsión, se autoriza al Poder Ejecutivo a llevar a cabo, mediante el procedimiento correspondiente, las transferencias, adscripciones o afectaciones de personal que resulten necesarias, así como las modificaciones presupuestarias que se deriven de estas acciones.