Por el Mg. Lic. Gustavo Doldan – Defensor del Pueblo de la Ciudad de Resistencia
Varios vecinos en estos días me informaron, y no con agrado, que no iban a completar el formulario online de segmentación de energía. Y las razones son más que entendibles.
Para mantener los subsidios, se deben declarar los ingresos de bolsillo de todo el núcleo familiar, además de las propiedades y/o automóviles, así como DNI, CUIT, sueldo, donde trabaja, repito, de cada uno de los habitantes del hogar, para que, luego, una vez cargados estos datos provisorios, el Estado cruce la información con otros organismos, o sea, va a verificar a través de AFIP, ANSES, registros de propiedad, etc., la veracidad de los mismos.
Para la carga del formulario, se debe renunciar a la ley de secreto financiero y ley de secretos fiscal.
Básicamente, con el click en el recuadro, se acepta que, el Estado, tenga acceso a toda SU información, por lo que, la AFIP, podrá facilitar sus declaraciones juradas, para ver si “la necesidad de subsidio” es tal como la argumentan. El Estado ahora también, va a decidir si Ud. es merecedor o no de un subsidio.
No es correcto tener que renunciar a un derecho para la obtención de un subsidio, que en cualquier parte del mundo, es accesible, sin tener que permitir conscientemente, el acceso de un estado policial a su información personal.
Otros puntos a considerar: ¿Cómo sabemos quién es el que está manejando nuestra información? ¿No tenemos derecho a un resguardo? ¿Qué pasa si se filtra, y se hacen públicos los datos?.
Se alega como postura contraria y facilista, que, si no hay nada que esconder, se brindarán los datos sin tanta objeción. En una época donde a diario me consultan sobre pishing y fraudes económicos, el Estado, obliga e induce, a que, si los ciudadanos no informan todo lo requerido, se les saca el subsidio a la energía.
¿De cuánto es el aumento? Según varias fuentes consultadas, entre 1500 y 3000 pesos. Otros, dicen que más.
He asistido, a audiencias públicas no vinculantes, en donde ya está todo decidido, en la cual expresé, desde mi lugar, las razones por la cual no estoy, ni estaré de acuerdo con aumentos. Las cosas se solucionan administrando correctamente, no aumentando la presión sobre los contribuyentes.
El Estado nacional ha favorecido a ciertos sectores brindando aportes y subsidios, so pretexto de pandemia, o servicio público esencial, pero, sin embargo, dejó desprotegidos a los pequeños comerciantes que no tuvieron auxilio ni ayuda de ningún tipo. ¿Cuántos comercios aún no se recuperan ni abren las puertas y están esperando alguna señal del Estado nacional para poder volver a trabajar?
Ningún organismo en democracia, (o que se precie de tal), puede acumular ni centralizar tanta información privada y esencial, y rozando lo ilegal, solicitando se renuncie a ampararse en cuidar quizás lo único que nos queda como privado, nuestra vida. Un Estado controlador de este tipo de información, cuestiona los valores democráticos acercándonos a un sistema que no tiene marcha atrás.
Para seguir gozando de un derecho adquirido con años de instauración en el mundo, el Estado pide que niegue otro derecho: el de cuidar de mi información personal. Hay una realidad: ni el Censo efectuado hace poco tiempo, preguntaba tanta información personal como lo hace este formulario.
Por último, el objeto de esta segmentación, es ahorrar, estimativamente, 80 millones de pesos. ¿No creen que esto se lograría de la misma forma administrando más eficientemente, y no castigando otra vez a la clase media? ¿Y los que están en situación irregular? Nadie informa nada.
Seguiré muy de cerca este tema, que si bien, es una decisión del gobierno nacional, y entiendo que la medida quiere ver quien necesita, y quien no, el subsidio, no estoy de acuerdo con la metodología. El Estado nacional no puede recolectar tanta información delicada, y subjetivamente decidir quién si, o quien no, es merecedor del preciado subsidio, como si ya no pagásemos caro el servicio de energía.