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Por Toribio Navarro – Presidente de la filial Chaco de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados   

Desde la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados venimos sosteniendo, desde hace años, la imperiosa necesidad de avanzar en una ley que establezca un nuevo sistema previsional.

Insistimos con este punto porque, de lo contrario, seguiremos viendo cómo los gobiernos de turno implementan parches que lejos están de satisfacer las legítimas reivindicaciones de jubilados y pensionados.

Como telón de fondo están las exigencias del FMI, organismo de los grandes grupos económicos dominantes del sistema capitalista, en los acuerdos que tiene con el gobierno para la refinanciación (sin la imprescindible investigación del destino de esos fondos) de la ilegítima, ilegal y  fraudulenta deuda externa contraída por el gobierno anterior.

Estas exigencias pretenden, con ajustes y desfinanciamiento del sistema previsional, producir una reforma orientada a la privatización del sistema, como lo viene haciendo el FMI a nivel internacional.

Incluso en estos días de campaña electoral hay candidatas y candidatos que intentan justificar haber implementado, cuando fueron funcionarios, la disminución de los haberes jubilatorios.

Por eso estamos trabajando sobre un proyecto de ley que establezca un nuevo sistema previsional público, de reparto, solidario, intergeneracional entre otras cualidades.

Proyecto de nueva ley previsional que volveremos a presentar porque, durante la última década, en sucesivas presentaciones en la Cámara de Diputados de la Nación, con la firma de diputados y centenares de miles de firmas de avales y movilizaciones de nuestro pueblo, las mayorías parlamentarias de turno se negaron a debatir en las comisiones respectivas, impidiendo su tratamiento parlamentario.

Quienes necesitamos previsibilidad somos las trabajadoras y los trabajadores que no podemos aceptar, que en los últimos años de una vida de trabajo, tengamos que estar mendigando por una mísera mejora de nuestros haberes. Ni bonos arbitrarios, ni préstamos truchos.

Exigimos el 82% móvil, incorporando y poniendo fin al ilegal trabajo no registrado, precarizado, a la desocupación y a la subocupación. En lo inmediato y urgente, hay una realidad que hay que afrontar.

Exigimos un aumento de emergencia que permita que el haber mínimo sea equivalente a la canasta básica del adulto mayor, de acuerdo con lo establecido por la Defensoría de la Tercera Edad de CABA, y proporcional en las escalas previsionales.

Por otra parte, es muy importante que se establezca —mediante el instrumento legal correspondiente— la gratuidad de los pasajes en cualquier medio de transporte para jubilados y pensionados de todo el país.

Agradecemos el asesoramiento previsional de Carla Romina Carlanian.

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