El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, tomó hoy la decisión de derogar el Decreto 2663, emitido el 2 de octubre de 2023 durante la gestión de anterior que creó el «Programa de Reparación Económica a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo custodia de los miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y/o penitenciarias de la Provincia del Chaco». “Nuestro gobierno no va a permitir que se avasalle la independencia de los poderes”, argumentó el mandatario provincial.
El Decreto 2663/23 tenía como objeto brindar asistencia económica transitoria a los hijos de personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo custodia de los miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y/o penitenciarias de la Provincia del Chaco que hayan ocurrido dentro del territorio de la provincia.
Según establecía dicho instrumento legal, los destinatarios de la prestación serán las personas menores de 18 años o personas con discapacidad. El dinero será percibido por la persona que se encuentre a su cuidado, sea guardador, tutor, curador o adoptante. Además, establecía que la reparación económica, debía ser abonada por el Estado Provincial mensualmente, con un monto equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil.
Entre sus fundamentos, Zdero señaló que “uno de los ejes de este gobierno es el orden y el articulado de dicho Decreto era inconsistente, ambiguo, violatorio del principio de juridicidad. Habilita reparaciones de supuestos daños, por simples presunciones, dejando a la discrecionalidad del órgano rector, poniendo el riesgo, además de los principios ya reseñados, el patrimonio de todos los chaqueños, que debe administrar con prudencia y dentro de la ley el Poder Ejecutivo”.
Asimismo, señaló que, “conforme al análisis del Decreto y el Programa, se observa una distinción entre el enfoque legal y probatorio aplicado a las ejecuciones extrajudiciales y a las presuntas víctimas. Mientras que las ejecuciones extrajudiciales deberían requerir un debido proceso y pruebas de la materialidad, las presuntas víctimas parecen ser indemnizadas bajo presunciones, lo cual podría considerarse contrario a las normas legales vigentes. En este sentido resulta necesario proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos- se menciona en los considerandos”.
El presente Decreto N• 111 fue refrendado por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos.