El secretario de Coordinación de Gabinete, Livio Gutiérrez, informó este miércoles que la Provincia presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de adhesión a la ley nacional N°27.742 “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”. La iniciativa legislativa prevé una serie de beneficios para las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares en proyectos en la provincia. Además, incentiva a los municipios a sumarse a la reducción de tasas e impuestos.
“Por pedido del gobernador estamos ingresando en la mañana de hoy este proyecto, que está siendo debatido en algunas provincias y que tiene influencia en materia de inversiones”, expresó Gutiérrez. La ley del RIGI regula los incentivos a las grandes inversiones, superiores a los 200 millones de dólares, y las provincias que adhieran tendrán una obligatoriedad de cumplimiento por 30 años de ciertas facilidades y sistema jurídico que favorezca la inversión privada.
El proyecto presentado establece que todas las empresas que realicen una inversión en la provincia, superior a los 200 millones de dólares, gozarán de una exención del 100% sobre las alícuotas de los impuestos a los ingresos brutos, como también del impuesto de sellos a las operaciones de compra, construcción, fabricación, elaboración e importación para bienes de uso o por inversiones para compras de infraestructura. “En Chaco estamos analizando no sólo una adhesión pura y simple que prevé la ley, sino que el Gobierno también asuma un compromiso por los próximos 30 años de ser aprobada la ley”, remarcó el funcionario.
En esa línea mencionó que entre los proyectos que se contemplarían dentro de la ley se encuentran grandes obras de infraestructura, agroindustria, forestal, minería, energía, y tecnología. “En Chaco tenemos grandes obras pendientes que necesitamos, como el puente Chaco-Corrientes, la autovía entre Makallé y Sáenz Peña, entre otras”, detalló.
Para ello, el funcionario remarcó la importancia de “dar estabilidad jurídica que permita la inversión en Chaco y en la Argentina”, cuya falta se debe a las ambivalencias durante los últimos gobiernos en materia de seguridad y estabilidad jurídica. “Los inversores en realidad miran la estabilidad jurídica de los países, las garantías que se dan”, reiteró.
Gutiérrez valoró que a partir de la ley del RIGI todas las provincias que adhieran estarán en el mismo nivel de competitividad para recibir inversiones. “Queremos poner por delante la seguridad jurídica, la sana competencia de asegurar esa estabilidad, y recuperar la confianza que debería tener el mundo para invertir”, concluyó.